50 grandes empresas están implicadas en el fraude del IVA, cifrado en 2.400 millones

La investigación iniciada en abril por Hacienda, los servicios jurídicos del Estado y la Guardia Civil ha concluido que son al menos 50 las empresas que han podido defraudar 2.400 millones, según el secretario general de Hacienda, Jaime Gaiteiro. Fuentes judiciales aseveraron que ésta "es la mayor operación hasta ahora realizada en España contra el fraude fiscal". El juez dictó ayer auto de prisión para Pere Bou, el cerebro de la red de falsificadores. Los abogados de los detenidos en el fraude del IVA descubierto en Barcelona implicaron ayer verbalmente a varias grandes empresas de Barcelona y Madrid.

Entre las empresas citadas por los letrados de los seis detenidos que anoche prestaban declaracion en el Juzgado de Guardia de Barcelona figuran la constructora Cubiertas y MZOV. Un portavoz de esta compañía manifestó anoche a EL PAÍS: "No tenemos constancia alguna de estar implicados en este caso". Fuentes judiciales aseveraron, por su parte, que ubiertas ha presentado una declaración complementaria a Hacienda. Otras tres fuentes conocedoras del caso, además de los defensores de los acusados, que constituyen lógicamente parte interesada en el asunto, citaron a esta empresa en relación con las diligencias abiertas.Los abogados de los detenidos añadieron que sus defendidos habían vendido facturas falsificadas a H. Capital. Un portavoz de la empresa, que encabeza el financiero Jacques Hachuel, manifestó a este diario que la policía Judicial se presentó ayer en la sede de la misma solicitando documentación sobre determinadas operaciones. "Esperamos que si al final se demuestra la desvinculación de nuestra compañía en este asunto, los medios de comunicación no se olviden de difundirlo, de la misma manera que ahora citarán nuestro nombre", añadió dicho portavoz.

Los letrados de los acusados mencionaron también al grupo editorial Planeta entre la lista de clientes de sus defendidos. El presidente del grupo, José Manuel Lara, manifestó a este periódico: "Editorial Planeta no tiene ninguna relación con este caso, pero desconozco si las actuaciones se han dirigido hacia alguna empresa vinculada al grupo que no depende directamente de mí".

Otros nombres de empresas, con sede en Barcelona, Madrid, Pamplona y París, así como de algunos intermediarios, aparecieron en la relación de los abogados. Asimismo, alguno de los detenidos ofreció a la Guardia Civil y al juez una relación de implicados. Sin embargo, este periódico no pudo contrastar con otras fuentes y con las propias empresas dichos datos.

Las empresas implicadas en el caso, radicadas principalmente en Cataluña y en Madrid, actuaban como clientes de una red de falsificadores a los que compraban facturas del IVA, según el secretario general de Hacienda, Jaime Gaiteiro. Para esta operación se ha recurrido con mandato judicial a las intervenciones de teléfonos, y ayer mismo se realizaron en Barcelona varios registfos en sede de empresas implicadas. La red de falsificadores, que operaba desde Barcelona, ofrecía suministrar facturas falsas a empresas, por lo que cobraban en torno a un 15% del importe de las facturas.

Las empresas, denominadas "clientes" por el secretario general de Hacienda, entregaban un talón nominativo a nombre de sociedades inactivas contra la entrega de la factura falsa; dicho talón era canalizado a través de un banco en la que había cuentas a nombre de las firmas inactivas, controladas por el falsificador; el empleado del banco facilitaba a cambio varios talones, de los denominados de puño o de ventanilla, que luego tenían como destinatarios al falsificador y a la propia empresa. En ese momento, el diner se convierte en incontrolable para Hacienda.

Talones de puño

Gaiteiro subrayó ayer la utilización en estas operaciones de los talones de puño, que aunque son legales "están siendo usados para la opacidad fiscal, lo que atenta contra los intereses de la Hacienda pública". Con ello, no quiere afirmar que los responsables o empleados de los bancos tengan conocimiento del conjunto de la operación fraudulenta.

Uno de los ocho detenidos, el director de una sucursal del Banco Central en Barcelona, Carlos Alberto Silván, que había quedado en libertad el miércoles, volvió a ser puesto a disposición del juez en la madrugada de hoy.

El juez instructor, Emili Solé, que decretó ayer el secreto de sumario, dictó auto de prisión contra Bou por ser el presunto autor de los delitos de falsificación y frau de fiscal. A última hora de la noche de ayer, todavía tenían que declarar cinco acusados. El titular del juzgado número 27 de Barcelona ordenó nuevas detenciones, que se sumarán a la practicada ayer contra otro acusado en Madrid, y a las realizadas el pasado lunes en Barcelona.