Los camioneros desconvocan la huelga del transporte tras alcanzar un acuerdo con la Administración

La asamblea de los transportistas autónomos desconvocó ayer, a las seis de la tarde, la huelga de camioneros más larga de los últimos 10 años, 11 días después de que comenzase y después de firmar un acuerdo con el director de Transportes Terrestres, Manuel Panadero. La decisión final de los transportistas (representados por ocho miembros en nombre de la Asociación de Transportes de Lérida, Cesintra, Sintragui, Tradime, Transcont, Astac, Sintrabi y Ascentra), congregados en asamblea desde las nueve de la mañana, estuvo precedida de una nueva reunión entre una delegación de los huelguistas y la Administración.

En esta última reunión se modificaron algunos puntos del documento, elaborado conjuntamente entre el comité de paro y Manuel Panadero, director general de transportes terrestres, al no coincidir todos los miembros de la asamblea sobre si lo aceptaban o no. La modificación más importante se refiere a la determinación de tarifas. La delegación pidió que la aprobación de las tarifas se adelantara desde el mes de marzo a enero.El comité de transportistas comunicó, en la conferencia de prensa posterior a la firma, que los camioneros que han mantenido la huelga deben dirigirse a sus asociaciones, ya que van a realizarse asambleas informativas. También anunciaron que todos los huelguistas detenidos durante las 11 jornadas de paro han sido puestos en libertad.

A su vez, el ministro de transportes español José Barrionuevo y su homólogo francés M. Michel Delebarre decidieron ayer poner en marcha en Hendaya un dispositivo de ayuda a los transportistas franceses cuyos vehículos han sido dañados durante la huelga. La Administración no aceptó hacerse cargo de los daños ocasionados por las fuerzas del órden público en los carniones en paro, por lo que serán los propios camioneros que secundaron la huelga los que paguen los gastos.

El comité de paro expresó en el documento firmado su deseo "de que las autoridades competentes consideren con la adecuada comprensión los efectos no deseados que se han producido durante la convocatoria de huelga". La portavoz del Gobierno, Rosa Conde, manifestó ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de ministros su confianza en que se alcanzara el acuerdo. Los puntos del acuerdo son los siguientes:

Declaración de porte. La orden ministerial que la regula será aprobada antes del día 1 de diciembre de 1990. Éste ha sido uno de los puntos más conflictivos y una de las más viejas reivindicaciones de los transportistas. Esta orden desarrollará los mecanismos necesarios para evitar la falsificación de este documento que legaliza un contrato de transporte.

Jubilación y enfermedades profesionales. Las asociaciones de transportistas autónomos se incorporarán a los grupos de trabajo que se vienen desarrollando en el Ministerio de Trabajo sobre el adelanto de la jubilación a los 55 años y la declaración de las enfermedades profesionales.

Inspección. La Dirección General de Transportes Terrestres se compromete a potenciar las medidas de inspección y control de los transportes clandestinos en el ámbito de sus competencias y ha precintar los vehículos que infrinjan la ley.

Juntas arbitrales. La Administración se compromete a constituirlas antes del 31 de diciembre de 1990 y las promoverá en las comunidades autónomas que tienen transferida esta competencia.

Control del transporte privado. Se reforzará el control sobre el cumplimiento de los requisitos necesarios para otorgar autorizaciones de transporte privado, especialmente en lo que se refiere a vehículos pesados.

Acceso a la profesión. La Administración acuerda que lo negociará con las asociaciones de transportistas.

Devolución del IVA. El Ministerio de Transportes se compromete en el documento a intensificar las gestiones que está realizando con el Ministerio de Economía y Hacienda para lograr solucionar todos los problemas que encuentran los camioneros españoles cuando intentan cobrar la devolución del IVA en países extranjeros.

Determinación de tarifas. Se establece la puesta en marcha de los instrumentos jurídicos que posibiliten la automática adaptación de las tarifas del transporte a las modificaciones de los costes reales del mismo, especialmente en lo que se refiere al carburante. A su vez, tramitará la orden ministerial de revisión de tarifas, que entrará en vigor antes del 1 de enero de 1991.

Utilización de autopistas de peaje. La Administración mediará para que las asociaciones de transportistas y el delegado del Gobierno en las sociedades concesionarias de autopistas nacionales se reunan para solventar los problemas.

Participación en el comité nacional. Las organizaciones de transportistas que tengan un peso real en el sector estarán en el Comité Nacional del Transporte por Carretera.