Un juez pide al Gobierno vasco documentos para inspeccionar 27 empresas de tragaperras
V. R. DE A. El juez de Bilbao que investiga el presunto fraude del juego en el País Vasco ha solicitado a la Consejería de Interior toda la documentación relativa a 27 empresas operadoras de tragaperras. La petición, según han informado los abogados de los querellados contra el director autonómico del juego, Javier Portuondo, responde al interés por centrar las indagaciones en casos concretos de posibles irregularidades en la concesión y venta de licencias.
La petición del Juzgado número 3 ofrece a la Consejería de Interior la posibilidad de remitir a Bilbao los expedientes completos de las empresas o bien de señalar los días y horas hábiles para realizar la consulta en las dependencias del departamento en Vitoria. La petición judicial se basa, añadieron los abogados, en el artículo 575 de la ley de Enjuiciamiento Criminal.
El artículo de la ley citado obliga a cualquier persona u organismo a exhibir todos los objetos o papeles supuestamente relacionados con una causa judicial. La negativa reiterada puede llevar consigo el procesamiento por desobediencia a la autoridad o la calificación legal de encubrimiento del presunto delito de que se trate.
Entre las empresas cuya investigación interesa realizar al juez Ricardo Palacios se encuentran Compuplay, perteneciente a Miguel Otero Fariñas, e Iontxa, la firma más importante en el mercado de tragaperras del País Vasco, con cerca de un millar de máquinas operando en bares, según los abogados.
Licencias irregulares
También figuran RUR, Euskomak y Atocha, sospechosas de haber participado en transferencias de licencias irregulares, y otras siete firmas en cuyos balances se registran diferencias de más de 50 máquinas entre las concedidas inicialmente por el Gobierno vasco y las realmente explotadas en el mercado. Esta diferencia no se debe necesariamente a operaciones ilegales y puede ser el resultado de adquisiciones de licencias admitidas por la normativa.
Dos personas consideradas por los abogados de los querellantes intermediarios en la venta ilegal de permisos de tragaperras por cuenta de la firma RUR prestaron declaración ayer en el juzgado. RUR, según sospechan los abogados, vendió una cantidad de licencias superior a las 80 que había conseguido y registrado legalmente. Los testigos, Jesús Antonio Bu anda y Santiago Itxaso, abandonaron el juzgado corriendo e intentaron ocultar el rostro para evitar ser fotografiados.
