¿Qué hacer con la investigación?

ES UN hecho que el sistema investigador español no está aún a la altura de lo que sería exigible en nuestro país y en nuestros días. Es insuficiente, tanto en su tamaño, número de investigadores, medios y resultados, como en la calidad de sus realizaciones, su incidencia social y hasta en su misma organización interna. Todo ello sin olvidar los indudables avances experimentados en los últimos años, especialmente en las universidades y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). El sector privado no parece haber respondido con la misma vitalidad en el campo específico de la investigación científica. El CSIC ha jugado, por el volumen de la actividad realizada, por los equipamientos de que dispone y por su carácter multidisciplinar, un papel importante en esos avances, lo que, al parecer, no ha evitado el que se encuentre inmerso en una profunda crisis que afecta a su estructura interna y a su relación con otras instituciones. Merece, pues, la pena reflexionar sobre una institución que cuenta con medios e investigadores, de los que no andamos tan sobrados en España.Seguramente no será fácil renovar un organismo tan complicado como el CSIC, con una historia de más de 50 años en los que han alternado, un tanto erráticamente, periodos de postración y abandono con otros de decidido apoyo por parte de la Administración. Pero las dificultades no deben potenciar la desidia. La línea a seguir viene determinada, tras muchos años de experiencia contrastada, por la que han seguido los organismos similares en los países de nuestro entorno.

El modelo del Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS) francés recomienda establecer o estrechar la relación con las universidades. La extrema debilidad del sistema investigador español aconseja, con más motivos que en el caso francés, concentrar recursos, aprovechar los buenos científicos del CSIC en la formación de estudiantes y jóvenes investigadores universitarios e incrementar la interacción entre las dos instituciones más caracterizadas en investigación, multiplicando así su eficacia. Ello requeriría, por parte de los poderes públicos, una política de nivelación progresiva en las condiciones de trabajo del personal y en los medios materiales de universidades y del CSIC, o al menos de centros e institutos involucrados. Sería necesario, también, un decidido impulso por parte del Gobierno a la política de creación y apoyo a los institutos universitarios, prometedor concepto incorporado a la Ley de Reforma Universitaria, pero prácticamente inédito tras siete años de vigencia de la ley, y que podría, con algo de imaginación, servir de marco para el desarrollo de esa política de cooperación.

Si se sigue el ejemplo de los laboratorios nacionales anglosajones, el CSIC podría asegurar el funcionamiento de grandes equipamientos científicos que, por su envergadura, coste o complejidad, pudieran exceder la capacidad de gestión o de mantenimiento de una sola universidad. Unos equipos abiertos a la utilización de investigadores, departamentos o institutos, u otros organismos de investigación, sobre la base del interés científico, la calidad y la oportunidad de los proyectos presentados. Quedarían, sin duda, áreas de actividad, como las más relacionadas con el desarrollo y las aplicaciones industriales, que, por su propia naturaleza, serían difíciles de acomodar en el esquema anteriormente esbozado, necesitando de un más estrecho contacto con el aparato productivo. Pero es que quizá lo más inteligente sea diseñar soluciones distintas, dependiendo del perfil de los distintos programas de investigación desarrollados en el CSIC.

En todo caso, parece imprescindible que todos los implicados busquen, con serenidad y rigor, el modo de fortalecer el sistema investigador español, del que el CSIC es, hoy por hoy, componente esencial, estratégico para el futuro de nuestro país.