Mitterrand, bajo sospecha

La clase política francesa descubre estos días con inquietud que el cadáver que creía bien enterrado en el sótano acaba de reaparecer en un armario. El sótano es la amnistía que, en enero, el Parlamento acordó a todos los políticos implicados en asuntos de financiación ilegal de sus respectivos partidos y campañas electorales. El armario es el inspector de policía Antoine Gaudino. Ahora es el propio presidente, François Mitterrand, quien es objeto de sospecha.

El inspector Gaudino fue suspendido de empleo y sueldo el pasado viernes por el director general de la Policía Nacional francesa. Su pecado es haber revelado en un libro titulado L'Enquete impossible (La investigación imposible), los resultados de sus pesquisas profesionales en el llamado caso de las falsas facturas del Sureste.Al tener noticia de su suspensión, Gaudino declaró: "Decir la verdad era para mí un deber cívico que me liberaba de la obligación del secreto profesional". En sustancia, el inspector afirma en su libro que la campaña electoral que en 1988 condujo por segunda vez a Mitterrand al palacio del Elíseo fue parcialmente financiada con dinero negro. Según Gaudino, Henri Nallet, entonces tesorero de la campaña socialista y hoy ministro de Justicia, recibió cerca de 500 millones de pesetas de procedencia más que dudosa.

Hace un par de años, Gaudino, adscrito a la brigada de delitos financieros de Marsella, fue encargado de la investigación del caso de las falsas facturas del Sureste. La Prensa francesa llevaba semanas informando de multitud de escándalos que salpicaban a los ayuntamientos de la región, fueran socialistas o derechistas. En casi todos los casos se trataba de obras públicas otorgadas a empresas que previamente habían aportado fondos a las cajas de los partidos mayoritarios en los respectivos municipios.

Llega un inspector

Para justificar esas entradas de dinero, gabinetes de estudio fantasmas vinculados a los partidos políticos entregaban falsas facturas a las empresas donantes.Gaudino se tomó en serio su misión, sin comprender que lo que sus superiores querían de él eran una mera investigación de trámite. En junio de 1989, el inspector tuvo que abandonar el caso y la brigada financiera, y fue trasladado a un grupo de lucha contra el tráfico de estupefacientes en Marsella.

El inspector había -topado con Urba-Graco, un gabinete de estudios marsellés creado en los años setenta por iniciativa del entonces secretario general del Partido Socialista, François Mitterrand.

Urba-Graco, cuyos fondos procedían casi en exclusiva de la redacción de falsas facturas a empresas deseosas de contribuir a la causa socialista, había aportado a la triunfal campaña mitterrandista de 1988 la sabrosa cantidad de 24 millones de francos, unos 450 millones de pesetas.

En su calidad de tesorero de la campaña presídencial, Henri Nallet, nombrado ministro de Justicia hace unas semanas por decisión personal de Mitterrand, recibió el dinero de Urba-Graco.

Ahora, en el ministerio de Justicia, Nallet cuenta con la colaboración de otro mitterrandista fiel: Georges Kiejman, un abogado conocido por haber defendido a los empresarios acusados de haber entregado dinero negro al Partido Socialista.

De ser comprobadas, las revelaciones del libro del inspector Gaudino no amenazarán judicialmente a ninguno de los presuntos implicados. Todos los políticos sorprendidos en escándalos financieros fueron amnistiados por la ley del pasado enero. En cuanto al aspecto moral del asunto, el ministro de Justicia ha declarado tener la conciencia tranquila. "En este caso", ha dicho, "no hubo enriquecimiento personal". El próximo miércoles, la oposición interpelará al Gobierno en el parlamento acerca del caso Gaudino.