Mantener los puentes de la negociación

En el artículo se aboga por la continuidad de las negociaciones entre el Gobierno y los sindicatos, para lo que, a juicio del autor, ambas partes deben tener en cuenta dos realidades: que la situación económica del segundo semestre del año es distinta a la del primero y que los sindicatos no pueden asumir el ajuste en los términos planteados por el ministro de Economía y Hacienda.

Las negociaciones desarrolladas entre el Gobierno y los sindicatos a lo largo de junio y julio pasados se saldaron con más pena que gloria. Entre las causas, la fundamental hay que buscarla en el empeño del Gobierno de sustituir el método de negociación bilateral por el tripartito -con la CEOE incorporada-, y en su interés por arrinconar la Propuesta Sindical Prioritaria (PSP) como eje de las negociaciones, para sustituirla por los contenidos del inicialmente llamado pacto para la competitividad, en el que la piedra angular es el control a la baja de las rentas salariales.Pese a aquel estancamiento, y quizá porque a unos y a otros interesaba mantener abiertas las expectativas, el Gobierno se ha venido mostrando favorable a la petición de los sindicatos de continuar las negociaciones. Pero estaba claro desde bastante antes de estallar la crisis en el golfo Pérsico que el nuevo escenario donde pretendía sacar adelante el rebautizado como pacto de progreso sería el Consejo Económico y Social, cuya inmediata puesta en funcionamiento serviría para cubrir el flanco social, y la Comisión Mixta Congreso- Senado, encargada de dar la cobertura institucional a dicho pacto.

Perfilado el escenario, el momento previsto por el Gobierno para apretar a fondo las tuercas del ajuste económico se situaría en enero de 1991. Anticipo inevitable serían los Presupuestos Generales del Estado, que habrían de presentarse y aprobarse a lo largo del otoño. Pero de acuerdo con la táctica dé una transición no excesivamente brusca, que evitara el riesgo de ruptura de los cauces de diálogo social y político existentes, cabe hoy deducir que varias de las partidas sociales de los presupuestos, incluida la de las retribuciones salariales de los trabajadores del área pública, habrían tenido un tratamiento menos drástico del que han tenido en el proyecto aprobado el pasado 28 de septiembre.

Se desprende de lo expuesto que, frente a la impresión dominante que atribuye los fuertes recortes presupuestarios a la crisis del Golfo, hay que decir que esa crisis ha sido aprovechada para adelantar los plazos del ajuste duro que en cualquier caso pretendía realizar el Gobierno. Y al señalar esto no minimizamos, ni mucho menos, los efectos negativos que añade a nuestra economía el encarecimiento de la factura petrolera. Existe una segunda razón, sin duda de orden secundario, que ha podido influir en el Gobierno a la hora de tomar la decisión de anticipar sus medidas en materia económica. Nos referimos a la fractura de la unidad de acción de los sindicatos, abierta como consecuencia de la conocida como guerra de los preavisos para las elecciones sindicales. No hace falta decir que esa fractura debilita nuestras posibilidades, y que, por tanto, la primera gran cuestión que se nos plantea es recuperar al menos el entendimiento suficiente para articular una respuesta común.

Cambio de rumbo

Pero ¿qué respuesta? La verdad es que nuestro margen de maniobra resulta bastante estrecho. Aceptar el que en su tercera variante ha sido denominado por Carlos Solchaga como "pacto social de progreso" sería sencillamente suicida, pues suscribir un pacto cuyo fin es intentar desactivar la oposición social al ajuste duro equivaldría a apostar en favor de que los trabajadores nos desbordaran por mil sitios.

Algo similar podríamos decir si lo que se nos plantea es negociar un acuerdo interconfederal con la CEOE para dar el espaldarazo a ese 5% de elevación salarial que se desea para 1991. No creemos que nadie se atreva a formular semejante propuesta.

Pero, por otra parte, los problemas de la economía española son reales y tienden a agravarse. De ahí que tampoco podamos caer en una estéril actitud resistencial. Deberemos, pues, continuar enarbolando la bandera de un cambio de rumbo en la política económica e insistir en que algunos de sus perfiles están apuntados precisamente en la PSP, pero siendo conscientes de que el cambio a una política progresista no está ni mucho menos al alcance de la mano ni depende de nuestras solas fuerzas. Por eso nuestra negativa al regresivo pacto social que se nos ofrece debe ser compatible con la búsqueda de mecanismos que permitan mantener en pie los puentes de negociación con el Gobierno.

Lo mejor sería que el Gobierno hiciera un ejercicio de realismo y comprendiera que el tipo de pacto que pretende de nosotros es absolutamente inviable. Si asumiera esto y tuviera presente que no hemos sido los sindicatos los peor parados en el periodo de enfrentamiento habido durante la anterior legislatura, es posible que su conclusión también fuese la de facilitar la pervivencia de los puentes de negociación con nosotros. Que dicho ejercicio de realismo dependa del propio Gobierno no debe hacernos desalentar en el esfuerzo para facilitarlo.

Conscientes unos y otros de los límites que para concretar acuerdos tiene el muy diferente enfoque respecto de la política económica a seguir, pero, a su vez, recordando que sin variar lo sustantivo de la política del Gobierno fueron posibles los interesantes acuerdos de enero y febrero pasados, la cuestión consistiría en ver cómo podría traducirse a medidas precisas el principio de que, frente a periodos de mayor escasez y sacrificios, lo progresista es que ponga más el que más tenga. Lo cual debiera llevar a que algunas partidas sociales de los presupuestos se retocaran y a que continuara la negociación sobre la PSP, pues, por ejemplo, la fiscalidad o los fondos de inversión son instrumentos idóneos para plasmar la solidaridad. Junto a ello habrían de examinarse otros puntos susceptibles de negociación, siempre desde la conciencia de que, en conjunto, lo probable sería que hubiera más desacuerdos que coincidencias.

Negociación colectiva

En lo que se refiere a los salarios, se hace preciso reiterar que, desde los inicios de la transición a la democracia hasta nuestros días, la moderación ha sido una constante. Año tras año, los sindicatos no hemos sobrepasado la pretensión de defender el mantenimiento del poder adquisitivo -alguno ni eso-, y sólo en el periodo más próximo en el tiempo, cuando eran notables las cifras de crecimiento de la economía, hemos demandado una ligera mejora.

Por tanto, si fuese posible mantener los puentes de la negociación no de forma ficticia o voluntarista, sino con acuerdos concretos, aunque fuesen modestos, parece razonable prever pocos desmadres en la negociación colectiva, que es el instrumento más adecuado para abordar la cuestión salarial en las actuales circunstancias.

En resumen, no pretendemos con lo aquí apuntado ofertar una especie de receta que conjure tensiones sociales, inevitables en el contexto en que nos hallamos. Simplemente se trata de mostrar que es factible evitar que acaben siendo arrojados por la borda los avances sindicales y políticos conseguidos en los primeros meses de 1990 y nos veamos abocados a volver a las andadas en las relaciones entre el Gobierno y los sindicatos.

es miembro del secretariado de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras.