Política energética y sociedad,claves para un debate

Afirmar que cualquier diseño de política energética debe estar al servicio de la sociedad puede parecer una verdad excesivamente evidente. Toda opción política dentro de un programa de actuación incluye, en principio, alguna referencia a sus propuestas relativas a un modelo de política energética y, naturalmente, cada programa político representa una opción al servicio de la sociedad.Sin embargo, dentro del complejo marco de la realidad energética, a pesar de la disparidad de alternativas de actuación, existen toda una serie de conceptos que son comúnmente aceptados. Uno de ellos, el más importante, hace referencia al objetivo básico de cualquier modelo de política energética que se proponga. Definido previamente el marco geopolítico de- actuación (comunidad-región, Estado, comunidad supraestatal), dicho objetivo consiste en cubrir las necesidades energéticas de una estructura económica, industrial y social, al coste total más bajo posible, a largo plazo y teniendo en cuenta todo un conjunto de factores sociales, económicos y financieros.

La posibilidad de lograr este ambicioso objetivo viene importantemente condicionada, entre otros aspectos, por la mayor o menor estabilidad del horizonte -de actuación y las decisiones adoptadas en materia de política energética necesitan un largo proceso de maduración y sus efectos se hacen sentir más allá del periodo de tiempo establecido en dicho horizonte. Las escalas de tiempo determinadas por el marco de actuación, así como por el necesario desarrollo de los efectos inducidos en las estructuras económicas, industriales y sociales superan holgadamente los plazos en los que la dinámica del ordenamiento constitucional determina un teórico y posible relevo entre las opciones políticas al frente de responsabilidades de gobierno. Todos estos aspectos, de cara a un debate sobre las opciones en materia de política energética, hacen que sea muy necesario alcanzar el mayor grado de consenso posible en la toma de decisiones, si no se quiere poner en peligro el objetivo básico antes mencionado.

Independientemente de las últimas noticias producidas en -el seno de la Secretaría General de la Energía y Recursos Minerales,se mantiene el compromiso de remitir por parte del Gobierno central al Parlamento del Estado un nuevo Plan Energético Nacional (PEN). Este plan va a contemplar las directrices en materia de política energética para la presente década y -en el contexto antes apuntado- dejará sentir sus efectos en el próximo siglo. No resulta exagerado afirmar que, junto con otros retos pendientes, los cuales adquieren especial relevancia ante la proximidad de la fecha mágica de enero de 1993, este PEN para el año 2000 aparece como un reto más de modernización y progreso para la sociedad española.

A tenor de la intervención parlamentaria del presidente del Gobierno a su regreso de Dublín, de las respuestas de los grupos políticos representados en la Cámara y de posteriores declaraciones de otros miembros del Gobierno central, parece inevitable' y necesario un gran consenso sobre todo un conjunto de materias que afectan a la modernidad y competitividad del país, en el marco europeo, a partir de 1993. La política energética para lapróxima década, contemplada en. el PEN-2000, debe ser necesariamente sometida a esta gimnasia del consenso parlamentario.

Dentro de la capacidad de maniobra que ofrecen las diferentes posibilidades de diseño de directivas para el nuevo PEN, existe todo un conjunto de condiciones de contorno que es preciso establecer y aceptar como elementos fijos, por encima de los niveles de discrepancia. En primer lugar, los compromisos técnicos y políticos ya contraídos y las estrategias de negociación en el seno de la Comisión en Bruselas, por parte de los países miemros de la CEE, de cara a la integración de los sistemas energéticos estatales en la realidad del mercado único energético, como un componente más del mercado único europeo. En este contexto, el calendario de interrelación entre las políticas energéticas, similar al establecido para las políticas fiscales y monetarias, resulta fundamental.Otro elemento de referenciaes la situación actual y previsible

evolución tanto de los precios como de las capacidades de su ministro dentro de los diferentes escenarios internacionales, correspon dientes a las distintas alternativas energéticas. A partir de estos a:spectos, el nivel de autoabastecimiento y diversifica

cíón energéticos, los objetos de eficiencia energética y elasticidad, así como la estructura de consumo y la definición de la nueva, estructura del parque de

generación eléctrica que cubra los déficit a lo largo de esta década son, entre otros, algunos elementos sujetos a discusión.El nuevo parque de generación es el que, a prior¡, ha suscitado mayor polémica por sus repercusiones, no sólo sobre uno

de los sectores básicos de la economía nacional, sino también por las interrelaciones sobre el impacto medioambiental y la seguridad del entorno. La situación financiera del sector eléctrico español en su conjunto hace acon'lejable una estrategia de minimización de nuevas inversiones, mediante el alargamiento de vida de las centrales existentes, la modificación de las curvas de la demanda, el máximo aprovechamiento del parque actual no utilizado y la importación de energía del área comunitaria.

En cualquier caso, se hace necesario todo el rigor posible a la hora de evaluar la participación de las diferentes alternativas en el nuevo mix de generación eléctrica. Habrá que asociar a cada alternativa un profundo análisis coste-beneficio en sus aspectos más amplios. En relación con la alternativa nuclear, sin prejuzgar el resultado final del debate, esta opción debería estar presente en el análisis, con todos sus costes asociados, incluidos los correspondientes a una seria reconsideración de la política nuclear española en su conjunto. La implantación de nuevos sistemas de información, de sistemas de inspección periódicas, de seguridad interior y exterior en las plantas y de evacuación, el tratamiento y gestión de los residuos radiactivos, etcétera, son algunas de los componentes de coste a considerar dentro de esta opción, sin olvidar la situación de moratoria nuclear, como elemento de coste que gravita sobre el sistema en su conjunto. El impacto de cada alternativa de generación sobre las tarifas eléctricas y la ubicación de las nuevas plantas de generación son elementos que deberán integrar también el proceso de análisis coste-beneficio antes mencionado.Horizonte a cortoEn estos momentos previos al debate del nuevo PEN-2000, no debe olvidarse todo un conjunto de aspectos preocupantes que gravitan en el horizonte del corto y medio plazo. La inevitable diferente velocidad de adaptación a la realidad del mercado único europeo en relación con la correspondiente a la integración de los sistemas energéticos puede situar a algunos sectores productivos de la industria española en una difícil posición de partida, con un grave riesgo para su competitividad inicial.La tendencia general observada en los países comunitarios parece dirigida hacia la liberalización de los sistemas energéticos, como elemento necesario para asegurar su eficacia y su competitividad. A modo de reflexión se puede afirmar que ningun monopolio de hecho ha garantizado a prior¡ la eficiencia y competitividad de los sistemas. El debate no debe plantearse en términos de opción entre empresa públicaempresa privada, sino en los aspectos de eficiencia y eficacia de las empresas. El reto de la eficacia que debe planear sobre el debate del PEN-2000 afecta directamente a conceptos tales como competitividad de las empresas españolas y mejora del nivel de vida de los ciudadanos, en términos de seguridad y calidad medioambiental y de precios energéticos en el mercado interior.

es viceconsejero de Energía y Recursos Minerales del Gobierno vasco.