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Soberanía y unión

Mijaíl Gorbachov se enfrenta al enorme problema de articular una nueva Unión Soviética -sea cual sea su nombre definitivo- con unas repúblicas cuyos objetivos son dispares y que sólo coinciden en que su soberanía debe prevalecer sobre las leyes dictadas por el Sóviet Supremo en Moscú.

Con denominaciones diversas -declaración de soberanía, declaración de independencia, declaración de estatalidad, etcétera- que sólo en algún caso aislado refleja una naturaleza jurídica diferente, la práctica totalidad de las repúblicas unidas soviéticas, y algunas de las formaciones autónomas, han venido aprobando unos documentos inimaginables tan sólo hace un par de años.La terminología no es, decía, uniforme, como tampoco lo es, a pesar de lo afirmado por algunos comentaristas, su contenido. Es cierto que, con mayor, o menor rotundidad, todos ellos hacen profesión de fe en los principios del Estado de derecho. Así, la declaración sobre la soberanía estatal de Ucrania, adoptada hace un par de meses, habla de la necesidad de crear una sociedad democrática donde se garanticen los derechos y libertades del hombre, y reconoce "la necesidad de crear un Estado de derecho" en el que el poder se ejerza según el principio de su división en legislativo, ejecutivo y judicial. También hay una coincidencia generalizada a la hora de afirmar la soberanía propia; por ejemplo, cuando en el documento letón se proclama que la soberanía de la república es única e indivisible. O cuando todas las declaraciones afirman la prevalencia de las leyes republicanas sobre las de la URSS.

Pero junto a esos rasgos comunes encontramos proclamas, como las bálticas, que afirman una ruptura definitiva con la Unión y una vuelta a la situación anterior a 1940, como sucede con la declaración lituana al proclamar el restablecimiento de los derechos soberanos del Estado lituano, "pisoteados en 1940 por fuerzas extrañas".

Las diferencias

Y dejando a un lado los documentos aprobados en Estonia, Letonia y Lituania, que suponen una ruptura radical con las estructuras políticas de la Unión, una comparación entre las restantes declaraciones revela asimismo diferencias de relieve.

En efecto, de su lectura se desprende una diversidad en cuanto al grado de vinculación con las estructuras hasta ahora comunes a los 15 Estados. Así, la propia declaración de soberanía de la república rusa habla de una decisión de crear un Estado democrático dentro de una URSS renovada. En términos muy similares se manifiestan otras repúblicas, en tanto que, por el contrario, la propuesta de incluir una referencia expresa a la integración en la URSS fue rechazada, por ejemplo, en Moldavia.

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Resulta alarmante, si realmente todas las repúblicas comparten la intención de crear unas relaciones de mercado comunes, la pretensión de crear aduanas interiores o un sistema bancario propio, que supondría la supresión dentro de su territorio del sistema bancario de la Unión.

También no hace mucho que los órganos competentes denunciaban la intención de algunas repúblicas, entre ellas Armenia, de crear sus propias fuerzas armadas y de seguridad, como contraria a la Constitución de la URSS.

Oídos sordos

Todo ello es tanto más Inquietante cuanto que algunas repúblicas parecen estar haciendo caso omiso de la nueva distribucion competencial aprobada, aunque sea con carácter provisional, por el Soviet Supremo de la URSS. Es cierto que el órgano llamado en principio a dirimir los conflictos entre el centro y la periferia no tiene aún competencias para ello, pues expresamente fueron éstas suspendidas hasta tanto no sea aprobado el nuevo tratado de la Unión. De todas maneras, mucho nos tememos que de estar facultado para actuar ya en este campo el tribunal constitucional soviético, es decir, el llamado Comité de Vigilancia Constitucional, apenas si podría hacer algo más qué lo que en la actualidad hace el presidente de la URSS cuando denuncia la inconstitucionalidad de las disposiciones republicanas, exhortando a las autoridades correspondientes a su derogación.

No deben sorprendernos, pues, las dificultades de las conversaciones iniciales sobre el nuevo tratado; no en vano muchas de las declaraciones incluyen un párrafo según el cual éstas servirían de base para la elaboración del tratado y de la nueva Constitución. No parece, para empezar, que las repúblicas bálticas vayan a participar en las conversaciones, prefiriendo mantenerse en su actitud de denunciar la incorporación de 1940 y no reconocer las disposiciones posteriores a aquella fecha.

Pero es que, además, uno no puede menos de tener sus dudas sobre la viabilidad de un proyecto, según se desprende de las declaraciones de los dirigentes soviéticos, en el que no solamente se seguiría proclamando el derecho a independizarse, sino que, según parece, se ofrecería a algunas repúblicas la posibilidad de mantener unos vínculos de naturaleza internacional o confederal, en tanto que las demás encajarían dentro de un marco federal. Si a ello añadimos que asimismo han aprobado declaraciones de soberanía algunas naciones no constituidas en repúblicas de la Unión, comprenderemos las dificultades con que se enfrentan los dirigentes soviéticos.

Manuel B. García Álvarez es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de León.

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