La prueba de fuego

Durante la segunda semana de septiembre se reunieron en un seminario celebrado en Santander algunos de los principales analistas europeos y americanos de las políticas de concertación social. (la llamada "internacional neocorporatista" en los ambientes académicos) para reflexionar sobre el caso español. Las líneas que siguen son las conclusiones que extraje, como director del seminario, al término de las sesiones.Las políticas de concertación social cuentan ya en España con una cierta tradición, ya que desde los inicios de la transición democrática y hasta 1986 la política económica y social se llevó a cabo bajo la cobertura de acuerdos -aunque de muy distinto alcance y contenido- y el último periodo se distingue precisamente por los intentos sucesivos de reencontrar un ambiente de aproximación entre los interlocutores sociales y el Gobierno.

Acuerdos parciales

En la última etapa ha sido posible llegar a acuerdos parciales de carácter bilateral que pueden ser el preludio de una nueva etapa de cooperación social si las distintas partes son capaces de enriquecer las plataformas de discusión, de ampliar la esfera de sus compromisos mutuos y de adecuar los contenidos del diálogo social a las preocupaciones prevalecientes en cada momento en la sociedad.

Antes de explorar lo que a mi modo de ver son los principales retos que se presentan ante nosotros, bueno será extraer algunas conclusiones de nuestra rica experiencia anterior. Las enseñanzas pueden sintetizarse en cinco epígrafes.

1. La sociedad española juzga de forma muy positiva los resultados de la etapa de concertación transcurrida entre 1977 y 1986 por sus efectos favorables para la superación de la crisis económica, para el establecimiento y consolidación del sistema democrático de relaciones industriales y para la reconstrucción misma de las organizaciones representativas de empresarios y trabajadores.

2. Por el contrario, la etapa de confrontación, entre 1987 y 1989, no ha dejado ningún resultado positivo. Si no ha causado mayores daños es porque persistía todavía un cierto clima de cooperación en las bases, fruto de la cultura de negociación ordenada de los procesos de distribución de rentas que se había ido sedimentando en la etapa anterior y porque nuestra economía disfrutaba del periodo de bonanza económica mundial más duradero desde los años sesenta.

3. El clima de colaboración y la cultura de negociación no duran eternamente si no se las realimenta. Además, la concertación social se ve impulsada por las expectativas de la opinión pública. Si en un periodo de mayores dificultades económicas los interlocutores sociales no cooperan para superarlas, la sociedad acabará volviendo la espalda -por su inoperancia- ante las políticas basadas en acuerdos y ante los propios agentes sociales.

4. La experiencia del periodo de confrontación, de las elecciones generales de 1989 y de la propia concertación social durante la primera mitad de este año enseñan que para que la política de acuerdos pueda prosperar los objetivos planteados por los interlocutores sociales deben caber dentro del programa de Gobierno votado por los electores. No tendría legitimidad democrática demandar a través de la concertación un cambio de programa, ya que tal cosa subordinaría el sistema democrático de adopción de decisiones respecto al proceso de concertación de intereses.

5. Y si no cabe reivindicar el cambio de la política, ¿qué ganan los interlocutores en la concertación? ¿No les resultaría más conveniente quedar con las manos libres y dejar que el Gobierno cumpla su programa él solo? La respuesta a estas preguntas es rotundamente negativa por lo que ahora sabemos: si el Gobierno tiene que controlar la estabilidad económica exclusivamente con los instrumentos macroeconómicos a su alcance, el crecimiento económico es menor y entonces todos los interlocutores pierden. Nuestra experiencia indica que la concertación no es un simple intercambio en el que unos ganan y otros pierden. En este juego todos ganan, porque ese mayor crecimiento, al que podríamos denominar renta de concertación, ofrece mayores posibilidades de bienestar y de redistribución.

A la luz de estas conclusiones podemos evaluar la situación presente y extraer algunas recomendaciones para el futuro.

Los acuerdos bilaterales alcanzados durante el primer semestre de 1990 son positivos, pero parciales e insuficientes por cuanto no incluyen mecanismos de cooperación entre los interlocutores sociales.

El proceso de concertación bilateral es simplemente un ejercicio de encaje entre las aspiraciones de los agentes sociales y el programa de Gobierno. Se negocia el calendario y el perfil definitivo de las medidas del programa. Por eso mismo este tipo de acuerdos no es susceptible de aportar una renta social y económica positiva. Es un simple proceso de intercambio que no abre nuevos márgenes porque no es creativo.

Sólo la cooperación entre los agentes productivos genera ese margen adicional. En su ausencia, la concertación pierde aliento paulatinamente y el agotamiento produce cansancio en la opinión pública y fatiga en los negociadores. El rosario de temas tratados no tiene un significado suficientemente atractivo para la opinión. Sólo la globalización los dotaría de sentido y facilitaría la comprensión de los objetivos perseguidos.

Es necesario, pues, revitalizar la concertación incorporando a su agenda grandes temas que hoy preocupan -y preocuparán cada vez más en el futuro- a la ciudadanía porque constituyen los mayores retos a los que se enfrenta la sociedad española: la crisis del petróleo y el mercado único europeo de 1992.

Por eso creo que la prueba de fuego para la concertación social en España está todavía por venir: si entre todos no se logra concertar la respuesta a los dos problemas vitales de cara al futuro, muchas voces se elevarán reclamando el abandono de este tipo de políticas.

La política de rentas

El brusco empeoramiento de las circunstancias exteriores exige echar mano de nuevo de la política de rentas concertada que evite una nueva carrera inflacionista de precios y salarios. Bien es verdad que la renuencia sindical ante la recuperación de los acuerdos marco está legitimada por el nulo desarrollo de las fórmulas de participación de los trabajadores en los beneficios de sus empresas que se habían comprometido en acuerdos anteriores. Sólo si se pueden introducir en la negociación fórmulas efectivas de participación en los resultados podrá vencerse aquella renuencia.

Ello produciría, sin duda, también en el futuro un aumento del interés de los trabajadores en la evolución favorable de sus empresas, con lo cual se corregiría la excesiva concentración en la cúpula de la que se ha acusado a pasados acuerdos y su escaso impacto sobre la negociación descentralizada en las empresas.

La presencia del Gobierno en este tipo de acuerdos se requiere, sobre todo, si para la buena marcha de los mismos los interlocutores consideran que es conveniente introducir cambios en la normativa de ordenación de los salarios u otros cambios legales acerca de la tipificación y la consideración fiscal de tales fórmulas de participación.

El otro terreno tradicionalmente vulnerable de las políticas de rentas está en el lado de los precios. Es previsible además que los sectores económicos que actúan a cubierto de la concurrencia internacional traten de aprovechar las tensiones en los precios energéticos para mejorar su posición relativa. Las fórmulas macroeconómicas de control hacen pagar a justos por pecadores y perjudican a todos. Frente a ello, las medidas tradicionales de control de precios se encuentran desprestigiadas y resultan inoperantes.

La concertación social se vería muy mejorada si los interlocutores sociales y el Gobierno pudieran cooperar con eficacia en el seguimiento y observación de la evolución de los precios con suficiente grado de desagregación para emitir periódicamente recomendaciones sectoriales específicas, para tratar de negociar mecanismos de autocontrol y para denunciar públicamente los abusos como fórmula disuasoria. Si las medidas coactivas han demostrado tradicionalmente su inviabilidad en el control de precios, ¿no podría utilizarse para ello de forma efectiva la soberanía del consumidor, mejorando su información con la colaboración de los agentes sociales y del público?

Este segundo reto debe afrontarse sobre todo mediante la movilización de todos los recursos disponibles, concentrando a la sociedad en la superación de un grado de concurrencia muy superior al soportado siempre por la economía española, y que ofrece también oportunidades óptimas para la mejora de nuestro bienestar.

La mejora de nuestros recursos humanos es el primer campo de colaboración que debería ser objeto de concertación tripartita.

Además del desarrollo de la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), debería suscribirse un gran acuerdo para articular el acceso de los trabajadores a la formación y al reciclaje profesional permanente, resolviendo la relación entre el tiempo de formación y el tiempo de trabajo, pactando la financiación de la formación continua y estableciendo fórmulas de actuación mancomunada a nivel sectorial (como la que propugna el reciente convenio en el sector de la construcción) que puedan gestionar observatorios permanentes de ocupaciones y dinamizar los mercados locales de trabajo, para fomentar la aparición de lo que en Italia se llaman distritos industriales, que conocen el mayor éxito.

Paralelamente, 1992 debería servir de horizonte para ultimar la racionalización de los horarios en España y su sincronización con el resto de los países de Europa.

Nuestra exótica forma de ordenar y distribuir el tiempo de trabajo, de consumo y prestación de servicios y de ocio resulta particularmente disfuncional de cara a la integración en un espacio económico social y cultural común a toda la Europa comunitaria. Nuestra jornada de trabajo central sólo coincide en un 50% con la de nuestros socios, particularmente en el área de los servicios, que son los que mayor uso hacen de la comunicación y la transmisión de información.Por otra parte, el solapamiento entre horarios comerciales y de trabajo dificulta el uso de los servicios y provoca congestión en el uso del espacio urbano y agudización de problemas en las horas punta, además de obstaculizar la convivencia familiar ante la escasez de horas de convivencia.

Mejora de la eficiencia

Se trata, en suma, de un problema de racionalización que debe ser acometido con decisión por procedimientos de concertación tripartita para mejorar la eficiencia de las actividades productivas y la calidad de vida.

Esta enumeración de áreas cruciales no pretende ser un catálogo exhaustivo. Se trata sólo de algunos ejemplos de políticas colectivas que sólo pueden acometerse eficazmente si existe colaboración entre los interlocutores sociales y el Estado. Sobre cada una de estas materias es necesario contar con proyectos de discusión que conciten la convergencia hacia el acuerdo.

Pero antes de que alguien se lance a elaborarlas es necesario contar con la anuencia de los protagonistas, que deben escoger el temario, establecer el calendario y encargar los materiales de trabajo. Sin todo ello, la gran concertación que todos esperan resultaría impracticable.