El esperado PEN

SEMANAS ANTES de que Irak invadiera Kuwait, el ministro español de Industria y Energía confirmaba su intención de enviar a las Cortes, antes de final de año, el nuevo Plan Energético Nacional (PEN), en el que se definirá la política general de abastecimiento de energía para los próximos 10 años. La incertidumbre asociada al desarrollo de ese conflicto obliga ahora a reconsiderar algunos de los supuestos del plan, y, en consecuencia, retrasarán su definitiva elaboración.El conflicto del Golfo ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de la economía española ante los incrementos del precio del petróleo, superior a la de la mayoría de los países industrializados, y que apenas se ha reducido desde la primera crisis energética, en 1973. Concretamente, el petróleo supone más del 53% del consumo total de la energía primaria.

A diferencia de lo que ocurre en otros sectores, en el energético sigue vigente un elevado grado de regulación pública cuyas líneas generales de actuación se deberán contener en el próximo PEN, sustituto del elaborado por el Gobierno socialista en 1983. La proyección de las necesidades de energía y las alternativas para su satisfacción en el horizonte temporal considerado constituyen la base a partir de la cual se definirán las políticas específicas tendentes a optimizar ese abastecimiento en términos de seguridad y economicidad. Es indudable que el principal centro de atención de ese nuevo PEN se sitúa en el sector eléctrico, sobre todo en la trascendencia de las decisiones de equipamiento que habrá de afrontar el sector. El grado de ampliación del actual parque de generación, el momento en que se tengan que materializar las inversiones correspondientes y las opciones disponibles para su cobertura constituyen decisiones de singular alcance económico. La modificación de la estructura empresarial del sector y la definición sobre la actual moratoria nuclear son algunas de sus implicaciones más importantes, aunque no las únicas.

Con anterioridad a la reciente escalada en el precio del petróleo, la reducción al máximo de las nuevas inversiones a realizar, sin perder eficacia, constituía uno de los principios básicos del nuevo plan. La realización de nuevas inversiones -anunció el ministro- habría de afrontarse tras una concentración de empresas generadoras que, además de racionalizar la oferta, garantizase la necesaria autonomía y estabilidad financiera del sector, precaria hasta hace poco.

El mensaje de continuidad de la política energética que el ministro ha tratado de transmitir en su última comparecencia ante el Senado no parece haber sido suficiente para clarificar el más controvertido de los aspectos de la planificación energética: el mantenimiento, o no, de la actual moratoria nuclear. Únicamente el Grupo Popular se ha mostrado firmemente partidario de reanudar la construcción de las centrales paradas. Las compañías eléctricas y algunos grupos financieros a ellas vinculados también manifestaron su preferencia por el levantamiento de la moratoria; no así el resto del espectro político parlamentario.

Conviene insistir en que las alternativas a la ineficiencia y dependencia energética españolas no radican, exclusivamente, en la disyuntiva nuclear. La planificación energética ha de contemplar igualmente programas de ahorro, de investigación energética y de desarrollo tecnológico básicos en la mejora de la eficiencia. La extensión de las redes de gas, el desarrollo de las energías renovables y la propia adecuación del sector petrolero son igualmente esenciales.

La localización del debate energético, y en especial de la opción nuclear, en el ámbito exclusivo del análisis coste-beneficio es una pretensión, cuando menos, tardía. Al igual que en otros países, de los que Suiza constituye el más reciente, este asunto excede el marco estricto de la política energética. Ello no ha de ser óbice, sin embargo, para que el ministerio competente ofrezca su alternativa, con arreglo a los criterios globales en que ha de basarse el conjunto de la planificación energética, en un contexto de creciente integración europea que tiene poco que ver con los vigentes en anteriores esquemas de planificación que vienen desarrollándose en este país desde 1975.