Antonio Guerra gestionó la venta de un solar militar antes de que el Gobierno lo privatizara

Antonio Guerra, uno de los hermanos del vicepresidente del Gobierno, y otras tres personas ofrecieron a la inmobiliaria Cimsa la venta del antiguo cuartel de los Docks, en Madrid, con casi dos meses de antelación a la fecha en que el Gobierno autorizó la enajenación de dicho terreno. La inmobiliaria Cimsa pidió a Antonio Guerra que instrumentara la operación el 8 de enero de 1988, tres días antes de que Defensa acordara "la desafectación al fin público" de esos terrenos y cuando faltaban casi dos meses para que el Consejo de Ministros autorizara la venta, según datos comprobados por este periódico.

, La decisión del Gobierno suponía sacar al mercado, en pleno boom inmobiliario, un amplio solar en una zona bastante céntrica de la capital de España, que había sido objeto de una reciente remodelación urbanística y en la que existían pocos terrenos disponibles para construir. La parcela por la que se interesaron Antonio Guerra y sus acompañantes tenía 6.417 metros cuadrados edificables y 2.471 metros cuadrados no edificables, y en ella, según los cálculos de los intermediarios, podían construirse cerca de un millar de viviendas.Antonio Guerra visitó la sede de Cimsa repetidas veces en compañía de dos personas de profesión indeterminada, Francisco Medina Vadillo y Jesús García, así como de Víctor Renedo, quien se califica a sí mismo como "asesor de mercadotecnia" de Cimsa, si bien esta empresa le considera sólo un vendedor de pisos a comisión.

Ese grupo cobró cinco millones de pesetas de Cimsa para las primeras gestiones. Los tres millones iniciales fueron solicitados el 19 de enero de 1988 -el Consejo de Ministros ni siquiera había dado el visto bueno para la venta del solar- y los dos restantes en marzo, estos últimos destinados a "altos cargos militares", según indicó Víctor Renedo en el Juzgado número 6 de Sevilla. Tanto Renedo como Francisco Medina Vadillo han asegurado también que Cimsa estaba dispuesta a pagar una comisión final de 600 millones. Esa oferta global, sin embargo, no fue materializada por la sociedad Cimsa, sino por otra, denominada Cage, SA, cuyos responsables niegan la paternidad de dicha promesa económica.

El director de Cimsa sí reconoce haber pagado cinco millones de pesetas al grupo de Antonio Guerra. Y añade: "Nadie puede creer con seriedad que cantidades tan pequeñas fueran para sobornos". Su versión consiste en que pagó a Antonio Guerra y su grupo para "los trámites" necesarios, porque su compañía carecía de experiencia en la relación con el Estado.

Una empresa de Albacete

Cimsa no se llevó los terrenos procedentes del Ejército. Ofreció sólo 2.672 millones de pesetas por la primera de las cuatro parcelas en que fueron divididos los mismos, frente a los 4.300 millones -más 516 millones de impuesto sobre el valor añadido pagados por la entidad que pujó más alto en la subasta.Esta última ha resultado ser una empresa radicada en Albacete, denominada Proyectos Internacionales, SA. Se dedicaba al comercio de maderas desde 1972, pero amplió repentinamente su objeto social al negocio inmobiliario, 24 horas antes de que la dirección del Patrimonio del Estado autorizara la subasta del cuartel de los Docks, el 29 de julio de 1988.

Uno de los propietarios de la empresa adjudicataria era la Corporación Industrial Catalana, representada por Pedro Durán Farrell. También tenía un paquete de acciones Técnicas Reunidas, SA, conocida empresa de ingeniería y construcción, que preside José Lladó. El Ministerio de Defensa cerró la operación el 16 de agosto y, en nombre de aquél, el general Juan Valverde vendió el disputado solar.

La compra fue efectuada por José María Nieto Moreno, administrador de Proyectos Internacionales, SA, en aquellos momentos, quien ha declinado responder a las preguntas de este periódico sobre las maniobras previas a la subasta, remitiéndose a los datos que obran en los registros públicos. Año y medio después, Proyectos Internacionales, SA, trasladó su sede a Madrid. Y en coincidencia con el estallido del escándalo Guerra, los dueños de la compañía pasaron a ser Álvaro García Agulló -alto ejecutivo de Técnicas Reunidas, SA- y el ya citado José María Nieto Moreno, así como Manuel del Val Cob, nombrado nuevo administrador.

La segunda parcela de los mismos terrenos fue adjudicada a una cooperativa constituida por miembros de las Fuerzas Armadas. La tercera se encuentra aún pendiente de adjudicación.

Cantidad de millones

El fracaso de Cimsa en el asunto del cuartel no cortó la relación de aquélla con los hermanos Guerra. Al contrario: Manuel Macías visitó repetidas veces a Juan Guerra -la primera vez acompañado de Antonio Guerra- y decidió participar en negocios organizados por aquél, a medias con Juan José Arenas, el principal de sus socios en las operaciones investigadas por el Juzgado número 6 de Sevilla.Además de constituir una sociedad común con aquélla -Cimpa, que compró solares de la empresa pública Ensidesa-, la constructora Cimsa aportó bastante dinero a sus socios andaluces. Les pagó 35,7 millones de pesetas en 1989 y se comprometió a abonarles 77 millones más, todo ello con el motivo formal de adquirir un paquete de acciones de la empresa HRT. Igualmente, les pagó otros 62 millones al contado por acciones de la compañía Edificio Turia Doce, SA. Estas aportaciones constan en documentos de Macías.

Las cosas han cambiado ahora. Macías ha denunciado el contrato que le vincula con la empresa HRT e incluso pretende abandonar sus intereses en Sevilla.