El diputado Nicolás Piñeiro demanda a todos los ediles de Algete

Nicolás Piñeiro Cuesta, diputado del Grupo Mixto de la Asamblea de Madrid y presidente del Partido Regionalista Independiente Madrileño (PRIM), ha interpuesto una demanda de protección civil al honor contra todos los concejales de Algete, a excepción de Rosa Solá, militante de su partido, por las manifestaciones efectuadas por éstos en el pleno del 19 de diciembre de 1989. Estas declaraciones están relacionadas con la investigación que llevó a cabo una comisión municipal sobre el posible tráfico de influencias en la concesión de una gasolinera a una empresa en la que figuraba un familiar de Piñeiro.

El diputado fugado del Partido Popular y que evitó que Joaquín Leguina perdiera la presidencia de la Comunidad de Madrid solicita en la demanda que se condene a cada uno de los ediles a abonarle una peseta al considerar que han incurrido en "intromisión ilegítima" que afecta a su honor, así como publicar el texto íntegro de la sentencia en los periódicos. Asimismo, pide que Vitorio Gil, concejal del CDS, que presidió la comisión municipal de investigación, sea condenado al pago de las costas y gastos que origine el procedimiento.

Tomás de la Puebla, alcalde del PP en Algete, ha declarado que desconoce la demanda, mientras que Jesús Herrera, portavoz del Grupo Socialista, afirma que "es libre de poner las demandas que quiera", a la vez que señala que los tribunales decidirán quién tiene razón.

"Segundo error"

Vitorio Gil calificó la demanda de "segundo error" de Piñeiro. El primero, según Gil, fue "no haber maquillado los papeles" para que no se le descubriese el posible tráfico de influencias, y el segundo, la presentación de la propia demanda, ya que en los trabajos de la comisión de investigación, por "intereses de partido a nivel de comunidad autónoma, que desconozco", el verdadero problema quedó oculto. Ahora, al mediar los tribunales, el concejal del CDS confía en que lo que no ha salido a nivel político salga en los tribunales. En caso de que el fiscal no abra una causa paralela de oficio, Gil personalmente lo solicitará presentando una demanda para esclarecer lo que sigue entendiendo como un "claro tráfico de influencias" de Piñeiro y la posible connivencia del entonces director general de Carreteras de la Comunidad.Durante los trabajos de la comisión municipal de investigación, creada el 24 de febrero de 1989 e integrada por un miembro de cada grupo político (PP, PSOE, CDS y Grupo Mixto), y que duraron nueve meses, se solicitó a Campsa documentación sobre la gasolinera, que nunca llegó a aportar.