El PP defiende en el Congreso la gratuidad de los anticonceptivos

La representante del Partido Popular María Fernanda Rudí defendió ayer en el Congreso la gratuidad de los anticonceptivos con receta médica. El pleno aprobó, con 268 votos a favor y tres abstenciones, una solicitud del PSOE para que el Gobierno realice, y remita a la Cámara, un informe sobre la aplicación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Más del 95% de las mujeres que abortaron voluntariamente en 1988 y en el primer semestre de 1989 desecharon los centros hospitalarios públicos y recurrieron a clínicas privadas, según datos del Ministerio de Sanidad.

María Dolores Renau, portavoz del Grupo Socialista, defendió la elaboración de dicho estudio para descubrir las deficiencias en la aplicación de la citada ley, que entró en vigor en 1985, y afrontar su corrección. Renau, que evitó ser más precisa en cuanto a la posible ampliación de los supuestos en que ahora está permitido abortar, recordó que las denuncias formuladas por algunos sectores sociales han provocado diligencias policiales y judiciales contra mujeres y médicos que han practicado interrupciones voluntarias del embarazo. Y citó, en tono de lamento, las dificultades que ha creado en el servicio público sanitario la inhibición alentada por quienes "nunca aceptaron democráticamente la voluntad popular concretada en la ley de 1985".La diputada de IU Cristina Almeida reprochó al Grupo Socialista la presunta intención de desactivar con el deba te de ayer, la discusión de una proptiesta de su grupo, que será examinada en el pleno del Congreso el mes que viene. Izquierda Unida ha presentado una proposición de ley en la que se concede un plazo inicial de 18 semanas, en el que la mujer puede abortar sin tener que dar explicaciones de sus motivos, complementado por un margen de cuatro semanas más para los casos en que se detecten malformaciones en el embrión.

Parlamento Europeo

Almeida expresó con ironía y desparpajo su tristeza "porque sea objeto de estudio lo que tiene que ser objeto de libertad y respeto. Podemos, si ustedes quieren", espetó a los demás grupos parlamentarios, "hacer un master en interrupción del embarazo, pero el resultado puede pasar al Museo Histórico Nacional. Éste es un tema tan pasado que hasta el Parlamento Europeo llamó la atención el pasado mes de marzo al Gobierno español por las dificultades que detectaba en la aplicación de la ley de 1985".La representante del PP en el debate, María Fernanda Rudí, apoyó la propuesta de estudiar, tal y como pedía el Grupo Socialista, "las circunstancias concurrentes en la aplicación de la legislación vigente en materia de interrupción voluntaria del embarazo y su incidencia en la realidad social". Pero Rudí reclamó que el informe no fuera elaborado por el Gobierno sino por el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Superior de Colegios Médicos, por considerar que son ellos quienes conocen "los incidentes" registrados desde que la ley se aprobó. Dolores Renau rechazó esta solicitud tras señalar que percibía en la representante del centro-derecha "un espíritu de rechazo a la propia ley" que permite a las mujeres interrumpir voluntariamente su embarazo.

Para sorpresa de los demás grupos parlamentarios, Rudí pidió al Gobierno la efectiva gratuidad de los métodos anticonceptivos a través de la Seguridad Social, lo que exige al usuario disponer de una receta médica, así como diversas medidas que agilicen los trámites para la adopción de niños.

La propuesta del Grupo Socialista fue apoyada por Carlos Revilla, en nombre del CDS, y Rafael Hinojosa, en representación de Convergenciai Unió. Koro Garmendia, diputado de Euskadiko Ezkerra, mantuvo la misma actitud pero aprovechó su intervención para lamentar la escasa oferta de la sanidad pública, apeló a que "éste no es un problema de Código Penal sino de poder ejercer una libertad individual" y abogó por una ley que se limite a establecer unos plazos y fijar unos indicadores sociales para la interrupción voluntaria del embarazo. Un proyecto de estas características ha sido ya presentado, en el Congreso de los Diputados por IU.

Odios y venganzas

Cristina Almeida, una de las especialistas en la defensa de personas procesadas por abortar, citó los problemas reales con que se encuentran muchas mujeres -"¡que no te toque un juez con un mal día, o un novio que varios meses después de, haber dejado una relación se le ocurre hacer una denuncia!", exclamó- y opinó que un derecho individual, como son las decisiones de una persona sobre su propio cuerpo, se encuentra amenazado por "odios y venganzas". "En el derecho al aborto parece que tiene que estar de acuerdo hasta la madre Teresa de Calcuta", se quejó ante la cautela del PSOE, para reformar la ley que actualmente permite tres supuestos en que está despenalizado abortar.Para resaltar que existen ya suficientes datos para conocer los problemas derivados de la aplicación de la ley de 1985, comunicó que, según el Ministerio de Sanidad, en 1988 se realizaron 26.069 interrupciones voluntarias del embarazo de las cuales sólo 1.576 tuvieron lugar en hospitales públicos mientras que 24.493 se practicaron en clínicas privadas.