Interior dice que no tiene uniformes policiales marrones para una rueda de reconocimiento
EI juez Santiago Pedraz, instructor de las diligencias que se realizan en el Juzgado número 2 de San Sebastián para esclarecer la autoría de los disparos que causaron heridas de posta a varios jóvenes durante la Semana Grande de 1989, no pudo avanzar en sus investigaciones por falta de uniformes de policía de color marrón y de tela de ese tono y características para confeccionar otros.
Hace varios meses, el ministerio fiscal y la acusación particular del caso solicitaron la realización de una rueda de reconocimiento con los cinco agentes que se encontraban el 14 de agosto de 1989 en el interior de una furgoneta en la confluencia de dos calles, a escasos metros del lugar en el que cuatro personas resultaron heridas.Los agentes comparecieron ante el juez uniformados, pero se negaron a ser identificados por los tres jóvenes que aseguraban que vieron disparar a los policías, por la ausencia de personal de relleno.
Posteriormente, para llevar adelante esta prueba con personal, el juez Santiago Pedraz solicitó al director general de la Policía, José María Rodríguez Colorado, uniformes de color marrón, solicitud que fue denegada argumentando que el cambio de uniformes en los agentes del Cuerpo Nacional de Policía suponía no tener almacenado material de las características de los anteriores ni disponer de tela de ese color para poder fabricar otros nuevos.
Así las cosas, el titular del Juzgado número 2 de San Sebastián se ve imposibilitado a la hora de practicar esta prueba pedida, por dos de las partes del caso. El 14 de agosto de ese año cuatro personas resultaron heridas por proyectiles de postas en la calle de Garibay de San Sebastián. En la confluencia de esa calle con Peñaflorida se encontraba estacionada una furgoneta del Cuerpo Nacional de Policía, con agentes de la reserva de Miranda de Ebro, quienes aseguraron que no efectuaron ningún disparo desde el lugar en el que se hallaban, versión que se contradice con la de los tres jóvenes, que aseguran que vieron disparar a los funcionarios.
Cocaína desaparecida
Por otra parte, la falta de respuesta de Rodríguez Colorado sobre si funcionarios de Madrid participaron o no en la aprehensión de un alijo de cocaína en Irún en mayo de 1988 impide a este juez seguir investigando sobre la supuesta desaparición de 150 kilos de cocaína.
El 5 de mayo de 1988, funcionarios policiales decomisaron en Irún una cantidad de cocaína que en un primer pesaje era cercana a una tonelada. En la instrucción del caso y en la vista oral celebrada a raíz de las detenciones practicadas, los kilos de cocaína a los que se hacía referencia eran 150 menos que la primera cifra ofrecida.
A raíz de una información aparecida en este diario, en la que se denunciaba la desaparición de una cantidad importante de estupefaciente, el representante del ministerio fiscal de San Sebastián, Luis Navajas, inició diligencias para delimitar las causas de la diferencia que habíaentre la primera cantidad que barajó el Gobierno Civil de Guipúzcoa y la que posteriormente resultó ser.
En tres ocasiones ha preguntado el juez Santiago Pedraz, encargado de las diligencias, al director general de la Policía sobre si en aquella operación participaron sólo agentes de Guipúzcoa o si se requirió la presencia de funcionarios de otras zonas. En unas declaraciones efectuadas por Rodríguez Colorado sobre este tema, indicó que "en la práctica resultaba imposible que parte del alijo de Irún desapareciese".
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