Repliegue policial
EL ANUNCIO por parte del lehendakari Ardanza de que las elecciones vascas tendrán lugar el próximo 28 de octubre se produce apenas 48 horas después del acuerdo sobre el despliegue de la policía autonómica. Ese acuerdo fue aplazado por dos veces, primero en mayo y luego en julio, por diferencias de interpreta ción surgidas en el último momento sobre la forma de articular el paralelo repliegue de las Fuerzas de Segu ridad del Estado. Ese punto, la adecuación de los efectivos del Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil al paulatino despliegue de la Ertzaintza (policía autonómica vasca), ha sido desde hace años el principal obstáculo a un acuerdo definitivo sobre la cuestión. El estatuto de autonomía atribuye a la Ertzaintza competencias plenas en relación al orden público, sin otra reserva que la relacionada con "los servicios policiales extra y supracomunitarios", que conservarán la dependencia de las instituciones estatales. La definición de lo que pueda considerarse extra o supracomunitario, y, en particular si cabe considerar como perteneciente a esas categorías a un terrorismo que no sólo actúa en Euskadi, dio ocasión a años de debate bastante estéril. Más tarde surgió otro problema derivado de la doble naturaleza de la Guardia Civil como cuerpo policial, por un lado, e instituto armado, por otro. En cuanto institución militar, la Guardia Civil está incluida en los planes de defensa operativa del territorio elaborados en el marco del planeamiento de la defensa nacional, lo que necesariamente habría de ser tenido en cuenta a la hora de determinar los efectivos que permanezcan en Euskadi.
El acuerdo logrado esta semana establece de entrada que por adecuación (de los efectivos de las distintas policías) debe entenderse el proceso de "sustitución progresiva de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por la Policía Autónoma del País Vasco" y considera "deseable" que tal proceso se realice de manera "coetánea". Rehuyendo viejas discusiones doctrinales, las administraciones central y autónoma aceptan el principio de coordinación de actuaciones, estableciendo a tal fin mecanismos muy precisos de comunicación mutua y el acceso a los bancos de datos respectivos. Se reafirma el carácter integral de la Policía Autónoma, e incluso para algunas de las misiones que seguirá desempeñando la policía nacional -como la expedición del documento nacional de identidad- se prevé que puedan realizarse en dependencias de la Ertzaintza. Los efectivos de la Guardia Civil se concentrarán en las localidades con pasos fronterizos o con puertos o aeropuertos de interés general, y las exigencias derivadas de su función como componente de la defensa nacional no será utilizado, según el delegado del Gobierno, "para aumentar artificialmente el número de sus efectivos".
La importancia del acuerdo es evidente. Para el nacionalismo vasco, contar con una policía con plenas competencias ha sido siempre el símbolo máximo del carácter singular de su autonomía y la prueba del contenido específicamente político -y no sólo administrativo- de la misma. De ahí la virulencia de la reacción de los amigos de ETA, que ya han anunciado una "campaña de agitación" contra el acuerdo. Campaña de desprestigio que en realidad ya está en marcha hace meses y que dio motivo a una unánime resolución de rechazo por parte del Parlamento de Vitoria (lo que no impidió actos de salvajismo como el intento de linchamiento de un agente autonómico en las recientes fiestas de Bilbao). Y es que para los terroristas y sus amigos, el riesgo de este acuerdo no deriva sólo de la asunción por parte de la Ertzaintza de sus responsabilidades en la persecución de los delitos de terrorismo, sino, además, de su significado como prueba del afianzamiento de la autonomía vasca.
