Las misteriosas cerezas de Juan Guerra

"Aquí ha pasado como con las cerezas, tiras de una y salen más". Esta metáfora, utilizada recientemente por el fiscal jefe de Sevilla, Alfredo Flores, revela las múltiples ramificaciones mercantiles que ha destapado la investigación judicial abierta contra Juan Guerra. Tras ocho meses de escándalo, los investigadores se han encontrado con una trama empresarial que afecta a más de una veintena de empresas distribuidas por más de una decena de ciudades españolas. El juez Ángel Márquez no sólo investiga la utilización que hizo Juan Guerra del despacho oficial que ocupó durante siete años en Andalucía, también investiga presuntos delitos de malversación, falsedad, cohecho y blanqueo de dinero.

Socios y amigos de Juan Guerra también pueden acabar sentados en el banquillo de los acusados, según fuentes judiciales conocedoras del llamado caso Juan Guerra.

El escándalo estalló en diciembre de 1989, en Barbate (Cádiz), cuando el Ayuntamiento de esta localidad, con los votos del PSOE y del CDS, dio luz verde a un importante proyecto urbanístico de lujo que había estado bloqueado durante dos años. Su alcalde, el socialista Serafín Núñez -quien hoy se autodefine un cadáver político-, admitió ante los demás ediles que Juan Guerra había actuado como intermediario de una firma inmobiliaria para desbloquear un proyecto de 8.000 millones de pesetas.

El fiscal ordena investigar

A raíz de esta confesión, el Partido Andalucista puso en conocimiento del fiscal general del Estado, cargo que entonces desempeñaba Javier Moscoso, tales irregularidades. Moscoso ordenó al Piscal jefe de la Audiencia de Cádiz, Jaime Ollero, que investigara el asunto, a la par que la prensa comenzaba a airear la intervención de Juan Guerra en una maraña de extrañas recalificaciones urbanísticas ocurridas en municipios gobernados por el PSOE.

La aparición en la provincia de Sevilla de nuevos elementos susceptibles de investigación, como la ocupación del despacho oficial y la existencia de empresas de actividad financiera irregular, propició la intervención del fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Sevilla, Alfredo Flores.

Juan Guerra (a quien, vendedor de libros en 1982, hoy se le atribuye un patrimonio de tres pisos, dos locales comerciales, dos solares, cuatro extensas fincas, cinco empresas inmobiliarias y tres coches, entre ellos un Mercedes 300-E) causó baja como militante del PSOE en la segunda quincena del pasado mes de enero, coincidiendo con la apertura de una investigación promovida por el aparato del partido para conocer las actividades de Juan Guerra.

Poco después de la primera comparecencia de Juan Guerra ante el fiscal jefe de la Audiencia de Cádiz, Jaime Ollero, el diputado andalucista Alejando Rojas Marcos reclamó a la Mesa del Congreso la exhibición del libro de visitas de la Delegación del Gobierno en Andalucía, con objeto de investigar a qué personas recibió Juan Guerra en el despacho oficial y, por consiguiente, si éste fue utilizado indebidamente. "Ello puede quebrantar la intimidad de las personas", argumentó el portavoz socialista en el Congreso, Eduardo Martín Toval.

Registro empresarial

Una semana antes, el día 31 de marzo, el juez Ángel Márquez había decidido admitir a trámite la querella de IU. Inmediatamente, el juez Márquez ordenó a la Policía Judicial un registro en las empresas Corral de la Parra, participada al 50% por Juan Guerra y por Juan José Arenas Casas, y Fracosur, supuestamente vinculada al hermano del vicepresidente a través de un testaferro. Fruto de ese registro, la Policía Judicial decomisó un acervo de documentación que, según fuentes judiciales, ha resultado crucial para hallar las nuevas ramificaciones de la trama empresarial urdida por Juan Guerra.

En el registro efectuado en Corral de la Parra, la empresa matriz del entramado comercial e inmobiliario montado por el hermano del vicepresidente, apareció un cuaderno en el que se encuentran anotadas varias llamadas telefónicas efectuadas por Alfonso Guerra a Cosmosat, empresa filial de Corral de la Parra.

La documentación intervenida y las declaraciones de alguno testigos han posibilitado urdir las conexiones de Juan Guerra con personas e inmobiliarias radicadas en otras provincias españolas, como Salamanca, Sevilla Valencia, Madrid, Alicante, Cádiz, Valladolid, Granada, Jaén, Almería, La Coruña e incluso en países extranjeros. La Policía Judicial investiga ahora minuciosamente varias empresas radicada en Valencia, ciudad en la que Juan Guerra ha realizado una profusa actividad empresarial, incluso con cargos públicos.

La inmobiliaria Corral de la Parra es la empresa matriz sobre la que gira todo el entramado empresarial montado por Juan Guerra. Corral de la Parra financió casi todas sus operaciones con fuertes sumas de dinero procedente de otras empresas, algunas pfopiedad de amigos de Juan Guerra. Una de estas empresas es la madrileña HRT, SA, que está siendo investigada por presunto blanqueo de dinero. También se sospecha de empresas de Gibraltar y Portugal.

El hermano del vicepresidente no figura como accionista en la inmobiliaria Construcción Modular Andaluza (Comasa). Sin embargo, justo después de venderse un 60% de sus acciones, se produjo un trasvase de dinero a la cuenta de Juan Guerra que coincide con el valor de la mitad de las acciones enajenadas.