Crimen evitable

SI SE demuestra que el conocido ultraderechista Ricardo Sáenz de Ynestrillas está implicado en el asesinato del diputado electo de Herri Batasuna (HB) Josu Muguruza, éste es un crimen que debería haber sido evitado. Con más razón resulta inexplicable que la policía haya tardado nada menos que ocho meses en detenerle y en verificar la hipótesis más obvia, que apuntaba a círculos de la ultraderecha como autores del atentado, tanto por la forma como por el tipo de armas y munición empleadas. Esta situación absurda sólo puede obedecer a una causa: la falta de medidas de vigilancia y de prevención que se ha hecho notar en estos años en relación con las actividades de la extrema derecha y, sobre todo, de algunos de sus elementos más recalcitrantes, suficientemente conocidos por la policía.En cualquier caso, es de esperar que el tiempo de ocho meses transcurrido desde la comisión del atentado haya sido suficiente para que la policía ate bien todos los cabos del caso y aporte las pruebas necesarias para conducir ante la justicia a sus presuntos autores. El asesinato de Josu Muguruza, cometido cuando los parlamentarios de la coalición abertzale se aprestaban a concurrir al Parlamento de Madrid, tuvo unas connotaciones muy especiales, tanto por la significación de la víctima como por el momento elegido para su comisión. El Gobierno ha asumido desde entonces una gran responsabilidad en la resolución de este asunto. Y es lógico que según pasaba el tiempo sin lograr su esclarecimiento aumentase la preocupación entre quienes consideran que su impunidad hubiera sido un signo de debilidad de las instituciones democráticas. Sobre todo cuando era patente que el atentado que costó la vida al diputado Muguruza, y en el que fue gravemente herido el también diputado Iñaki Esnaola, llevaba el signo inconfundible de la desestabilización del sistema democrático.

Tras el caso Brouard, repleto durante tanto tiempo de sospechas fundadas sobre sus autores como menguado de consecuencias judiciales, y las resistencias oficiales a la investigación de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) y sus tramas, el esclarecimiento del asesinato de Muguruza supone un balón de oxígeno en este clima enrarecido que ponía en cuestión la credibilidad y eficacia de los servicios de seguridad del Estado y, sobre todo, la firmeza del sistema democrático para defenderse de los ataques de sus enemigos.