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Desbloqueado el convenio para construir 633 nuevos alojamientos para chabolistas

La Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid lograron desbloquear ayer el convenio para realojar a 633 de las 1.696 familias chabolistas registradas en la capital. El consejero de Política Territorial, Eduardo Mangada, y el tercer teniente de alcalde, José Luis Garro, suscribieron un acuerdo por el que el Ayuntamiento se compromete a ceder el suelo y a urbanizarlo, y la Comunidad, a aportar 3.500 millones de pesetas para la construcción de las viviendas, 299 en pisos y 334 en casas unifamifiares.

El gerente del Consorcio para el Realojamiento de la Población Marginada, José Luis Gómez, anunció ayer que la construcción de las viviendas se iniciará este año. En su opinión, el incremento del coste del suelo en Madrid ha sido la causa del retraso en el desarrollo de un plan de reestructuración territorial de la ciudad que fue aprobado hace más de tres años.El Ayuntamiento de Madrid dispone ya de terrenos para pisos sociales en Camino de la Vereda, El Querol, El Espinillo y Cerro del Zurrón. Por su par te, la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) y el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) acogerán a los chabolistas en sus promociones de pisos, pero sólo autorizan un máximo de dos familias realojadas por escalera, y con un límite de un 10% de éstas por bloque.

Las viviendas unifamiliares prefabricadas, que dispondrán de un patio delantero, se levantarán para grupos de unas 80 familias, en su mayoría gitanas. En cada una de estas unidades está previsto instalar un centro social para dotar a los poblados de servicios de asistencia de salud, educación y trabajo.

Estos asentamientos permanentes se distribuirán así: 64 viviendas en Cuña Latina-Sepúlveda; 88 en la carretera de Villaverde-Vallecas; 88 en La Celsa, y 94 en las Abubillas, junto a la carretera de Barcelona.

Poblados provisionales

Pero el consorcio también ha fijado emplazamientos para tres poblados provisionales en San Fermín (Usera), Cerro Liebres (Fuencarral) y Cañaveral (Vicálvaro). Al menos 20 de las familias que se alojarán en este último tipo de viviendas han defraudado al consorcio al haber revendido los pisos que les fueron adjudicados para regresar a otra chabola.El gerente del consorcio hizo un llamamiento a los concejales para que no permitan la aparición de nuevos focos de infraviviendas. Gómez precisó que desalojarlas y derribarlas obliga a una tramitación administrativa y judicial que puede demorarse hasta siete meses. "Los jueces consideran que las chabolas, construidas sin autorización, son una morada y tardan tiempo en dictar la orden de desahucio", reconoció el gerente.

El consorcio, que desde 1986 ha registrado en Madrid 681 nuevas familias de chabolistas, pretende acabar con los poblados marginales antes de 1993.

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