La CE elabora una lista negra de cláusulas abusivas en los contratos

Las cláusulas abusivas en los contratos serán nulas de pleno derecho, según el proyecto de directiva aprobado ayer en Bruselas por la Comisión Europea. El texto, que deberá ser refrendado por los Doce para su entrada en vigor, establece una lista negra de prácticas con las que el fabricante o vendedor pretenden eludir su responsabilidad en los defectos de los productos. El objetivo, afirmó el comisario Karel van Miert, es "establecer una red de seguridad para toda la CE". Cada estado será libre de adoptar medidas más duras, pero no podrá situarse por debajo de estos mínimos.El proyecto de directiva establece un periodo de reflexión de siete días para dar validez a los contratos de time-sharing o propiedad compartida, modalidad muy extendida a la hora de comprar apartamentos en la costa. La Comisión Europea ha recibido un amplio informe sobre los numerosos abusos que se cometen mediante esta modalidad de acceso a la propiedad tan en boga y en la que el comprador firma a distancia un contrato "en el que todo se le pone de color de rosa".

El comisario Van Miert manifestó: "La directiva no cubre todo el ámbito de la propiedad inmobiliaria, donde sabemos que existen prácticas dudosas". La CE carece de competencias para ello.

La lista negra de modalidades abusivas declara como nulas de pleno derecho cualquier exclusión o limitación de la responsabilidad del vendedor en caso de muerte o daño personal del consumidor a causa del producto o servicio adquiridos.

El consumidor, el gran olvidado en el proyecto de mercado único, recibe un apoyo de la Comisión Europea. "La desaparición de las fronteras nacionales nos obliga a ello", señaló Van Miert, "porque quien más y quien menos conoce su legislación nacional y sabe los riesgos que asume".

El objetivo de la directiva es proteger a los consumidores de prácticas comerciales que pueden ser nulas en su país, pero estar vigentes en otro. De los 12 estados de la CE, tan sólo Francia, el Reino Unido, Irlanda y Dinamarca cuentan con una legislación amplia que protege al consumidor en todo tipo de contratos. En Bélgica, Italia y Grecia no existe protección alguna, mientras que en el resto, incluida España, las garantías son parciales o incompletas.