Defensa amenaza a las empresas concesionarias con cancelar el contrato de modernización de los Mirage

El Ministerio de Defensa está dispuesto a suspender el contrato de modernización de los 23 cazas Mirage 3 del Ejército del Aire, aprobado por el Gobierno en diciembre de 1988, con un importe de 23.500 millones de pesetas, si las dos empresas españolas concesionarias, la pública Construcciones Aeronáuticas, SA (CASA) y la privada Ceselsa, no resuelven sus diferencias, según indicaron ayer fuentes próximas al citado departamento. Defensa ha pedido explicaciones a dichas firmas sobre la demora de un año que sufre ya el programa y sobre la indefinición en que se encuentra actualmente.

El 28 de diciembre de 1988, Defensa firmó el contrato de modernización de los Mirage 3 con el consorcio ATTORN, constituido al 50% por CASA y Ceselsa. Sin embargo, para la puesta en marcha del proyecto era necesario que ATTORN firmara a su vez sendos contratos con la empresa pública, responsable de integrar los sistemas en los aviones, y con la privada, encargada de la parte electrónica del programa. A estas alturas, dichos contratos no han sido firmados, por lo que siguen sin definir importantes aspectos del proyecto, como la aviónica, e incluso los plazos, que deberían concluir el 12 de octubre de 1992. En opinión de algunos expertos, peligran incluso las condiciones de aeronavegabilidad de los aparatos en misiones de combate.En medios próximos al Ministerio de Defensa se aseguró ayer que el departamento se ha dirigido a las empresas concesionarias instándoles a que, en un plazo aproximado de dos semanas, ofrezcan explicaciones convincentes sobre la situación, con la advertencia de que, de no encontrarse una salida al actual bloqueo, se decidiría la suspensión temporal del programa e incluso la definitiva, antes de tres meses. Dichos medios subrayaron que, de llegarse a la ruptura, Defensa no se plantearía negociar, sino que exigiría responsabilidades; empezando por la devolución del importe abonado, unos 5.000 millones de pesetas, y la ejecución de los avales bancarios. Los mismos medios advirtieron que la Ley de Contratos del Estado prevé la pérdida de la capacidad de obtener contrataciones por las empresas que incumplan sus compromisos.

Opinión de las empresas

Un portavoz de Ceselsa reconoció a EL PAÍS que "hay discrepancias en la forma de presentar la documentación por ambas partes" y que estas diferencias "se agravan por la falta de un responsable principal del programa", ya que cada empresa tiene igual número de acciones en la sociedad contratista, ATTORN. Por su parte, un portavoz de CASA admitió que "no existen subcontratos ni responsabilidades claramente definidas" y que "se están produciendo demoras en la entrega de documentos que causan grave daño a CASA", pero se negó a realizar más comentarios.Finalmente, un portavoz oficial del Ministerio de Defensa dijo que "a finales de 1989 se detectaron una serie de problemas en el citado programa que incidían negativamente en su desarrollo". "A la vista de esta situación", agregó, "la dirección general de Armamento y Material encargó, el 17 de enero, un estudio exhaustivo del problema, concluido en junio".

Como consecuencia del mismo, según dicho portavoz, "el ministerio ha tomado una serie iniciativas cautelares, con el fin de salvaguardar el interés público y arbitrar las medidas necesarias para el buen fin del programa, por lo que confía en que puedan superarse las dificultades y las empresas alcancen un entendimiento que ofrezca suficientes garantías para que el programa continúe su desarrollo en la forma prevista". El portavoz no descartó, sin embargo, la "suspensión definitiva del contrato con la reclamación de responsabilidades a que hubiere lugar", si no se aportaran soluciones.