Aranzadi propone en Bruselas un ajuste de 4.600 empleos en las minas privadas

Las minas privadas de carbón perderán 4.600 empleos con carácter inmediato -el 21% de su plantilla total de 22.000 trabajadores-, según el plan presentado ayer en Bruselas a la CE por el ministro español de Industria, Claudio Aranzadi. La reestructuración de las minas sometidas a contrato-programa con el Estado, en especial Hunosa, "comenzará a negociarse antes de que finalice el año". El ministro ha entregado también a la Comisión Europea su propuesta para el reajuste adicional de los astilleros, en la que se prevé un recorte de 2.000 empleos.

La reconversión de la minería del carbón viene impuesta por la Comisión Europea, que exige la disminución progresiva de las subvenciones públicas (aunque las paga el consumidor a través del recibo de la luz) concedidas en forma de suplementos de precio para cubrir las pérdidas de explotación. Este plan de actuación afecta a unas 250 minas privadas españolas y fue presentado ayer por Claudio Aranzadi al comisario responsable de la política energética de la CE, Antonio Carduso e Cunha.El programa se concretará en reducciones de plantilla y cierres de pozos en las minas privadas que tienen contratos de suministro a largo plazo de carbón térmico a las eléctricas. En concreto, se suprimirán 4.600 empleos de los 22.000 que trabajan en el subsector. Un tercio de este reajuste recaerá en la cuenca de El Bierzo-Villablino y el resto afectará a Asturias y Aragón. Como ejemplo, la empresa Antracitas de Fabero tendrá que cerrar o fusionarse con Gaiztarro. Otras explotaciones pequeñas tendrán que desaparecer. Los cierres de minas supondrán la pérdida de 2.000 puestos de trabajo.

El programa, según el ministro, cuenta con la aceptación de los sindicatos, gracias a las medidas de prejubilación prevista a los 55 años. Las aportaciones financieras hasta 1993 para llevar a cabo el plan ascenderán a 90.000 millones de pesetas. Una tercera parte de esta cantidad se destinará a ayudas a la inversión y a las medidas de prejubilación. El resto, 60.000 millones, se dedicará a reducir los suplementos de precio. El objetivo se conseguir un coste medio por tonelada equivalente de carbón de 12.350 pesetas. En la actualidad, esos costos varían desde 7.800 pesetas por tonelada extraída a cielo abierto a 32.500 pesetas por tonelada en las explotaciones subterráneas menos rentables.

La reconversión de la minería del carbón se completará con la reestructuración de las empresas que cuentan con contrato-programa con el Estado: Hunosa, Minas de Figaredo y La Camocha. El comisario Carodoso comunicó al ministro que esa exigencia se hará pública próximamente a la hora de autorizar los 50.000 millones de pesetas en pérdidas que cubre el Estado. Las ayudas a las empresas privadas ascendieron en 1989 a 12.625 millones de pesetas. La negociación del reajuste en el subsector público afectará a una plantilla conjunta de otras 22.000 personas. Se hará antes de fin de año y puede tener un alcance similar al de la minería privada, con lo cual la reducción global de plantillas rondará las 9.000 personas.

El director general de Minas, Enrique Arias, manifestó ayer que las ayudas a Hunosa ascienden a 46.000 millones de pesetas al año y el resto, hasta 50.000 millones, se reparte entre La Camocha y Minas de Figaredo. El contrato-programa de Hunosa finaliza este año y "habrá que redefinir un nuevo horizonte de acuerdo con los planteamientos de la CE". Hunosa ha recortado ya su plantilla de 25.000 a 18.000 trabajadores.

El ministro de Industria dio a conocer ayer el contenido de la respuesta dada a la Comisión Europea para el reajuste adicional en el sector naval. La reestructuración de los astilleros en marcha supone una reducción de plantilla de 37.550 a 18.550 trabajadores, además de un 60% de disminución de capacidad, cuyo tope queda situado en 400.000 toneladas de registro bruto compensado (TRBC). España pretende seguir con las ayudas a los astilleros públicos hasta 1993.