Ahorro flotante, interés sumergido

La economía sumergida en Perú sufrió la semana pasada un duro golpe de credibilidad, al descubrirse que una entidad de la banca informal o paralela había estafado 100 millones de dólares a sus 20.000 ahorradores. La financiera Refisa, con un peruano y dos bolivianos como principales accionistas, tenía cerradas sus puertas el pasado 4 de julio, cuando un representante de la Fiscalía del Estado intentó entrevistarse con algún responsable para aclarar las sospechas que ya existían sobre sus métodos de actuación. Nadie pudo explicar dónde se encontraban los accionistas de Refisa.

El escándalo pronto se regó por toda Lima. Las aglomeraciones de gente mordiéndose las uñas de desesperación, los reclamos a voz en grito para que las autoridades policiales o judiciales hicieran algo se repiten, casi con sincronizada precisión, en varios puntos de la capital peruana desde el jueves de la semana pasada.No es para menos. Una de las financieras de la banca paralela, que ha crecido y se ha alimentado así en los últimos años del descontrol y la crisis económica había dejado en el aire a más de 20.000 ahorradores, mientras sus directivos volaban con rumbo desconocido, pero llevándose 100 millones de dólares.

Una inflación acumulada en el último año de más del 2.000%, que ha reducido a la mínima expresión el valor de la moneda nacional -el inti-, que se suma a los bajos intereses de la banca oficial y la iliquidez frecuente del sistema financiero, entre otros problemas, ha volcado a buena parte de los ahorradores peruanos hacia más de 50 intermediadoras financieras paralelas o informales con el objetivo de resguardarse de una crisis que devora de un día para otro cualquier aumento salarial, cualquier ganancia comercial.

Los atractivos prometidos por estos negociantes de trastienda son irresistibles para cualquiera que se enfrente a un cuadro de tanta inseguridad. El 40% o más mensual de interés para los depósitos en moneda nacional y entre 5,5% y el 18%, también mensual, para los depósitos en dólares que, a su vez, también son pagados en divisas.

El auge de hace muy poco está haciendo agua ahora. Según la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (Conasev), todo parece indicar que gran parte de estas empresas financieras informales está en proceso de quiebra pues ya muestran indicios como la demora en el pago de dividendos, o trabas para el retiro de depósitos.

Pero ni la existencia de la Conasev ni de la Superintendencia de Banca y Seguros o del Ministerio de Economía y Finanzas, han podido controlar los manejos de estas empresas que actúan en sus anchas sin garantías ni control.

Vacío legal

El vacío legal de todos estos años ha impedido atacar un fenómeno que ya comienza a fallar en perjuicio de miles de ahorradores, entre los que ahora ha cundido el pánico. Una situación tan anómala había provocado cierta reacción en el Gobierno peruano cuando, a principios del mes pasado y ante el desconocimiento del destino de los abundantes fondos captados por la banca paralela, intentó cerrar siete entidades de este tipo sin que se sepa hasta ahora si lo consiguió.Aunque es muy fácil calificar a los ahorradores como incautos, los especialistas consideran que los delitos cometidos por las empresas informales financieras afectan a los intereses nacionales porque transtornan el movimiento financiero, desencadenan la especulación con moneda extranjera y abren de par en par la puerta para el lavado de dólares procedentes del narcotráfico.

El hecho es que la empresa Refisa -que ha abierto la discusión y el escándalo, considerando las autoridades peruanas que la estafa por más de 100 millones de dólares que cometieron los hermanos bolivianos Salsar, dueños de Refisa y perseguidos ahora por la Interpol, no tiene precedentes en los anales policiales locales- señala como una radiografía las huellas de buena parte del malestar económico nacional.

Por el momento, en medio de acusaciones de negligencia por haber dejado que una situación dudosa denunciada ya desde abril pasado se generara en un estafa de estas dimensiones, el propio Gobierno peruano ha tomado cartas en el asunto a través del Ministerio del Interior.