La Asociación Pro Derechos Humanos acusa a Interior de reprimir a extranjeros

La Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), en su informe sobre 1989, que hizo público ayer, recomienda a los poderes públicos que sustituyan la actual ley de Extranjería por una que conciba de modo más positivo los derechos y libertades de los extranjeros emigrantes. Asimismo pide que se encomiende a los jueces y tribunales la tutela de estos derechos, frente a la arbitrariedad de las decisiones policiales. José Antonio Gimbernat, presidente de la APDHE, denunció la "xenofobia práctica de la Administración y el racismo de la sociedad".

La APDHE fundamenta sus denuncias en los datos que figuran en su informe, de 142 páginas, en el que, junto a la situación de los extranjeros, se recoge la de los presos y grupos marginados, torturas y malos tratos, justicia penal, derechos económicos y sociales, política exterior y de defensa y otras violaciones de los derechos humanos. Destaca la dimensión internacional del informe, que el próximo año abordará también la ecología.La asociación critica que el Gobierno español "ha acogido acríticamente y de forma resuelta la política represiva de la Comunidad Europea contra los extranjeros no comunitarios". El informe resalta que del total de 800.000 extranjeros que residen en España, el problema se circunscribe al de los inmigrantes que trabajan en la economía sumergida y que sufren una situación social y personal desastrosa.

La afirmación de que el Ministerio del Interior ha aplicado en los últimos cinco años una política "crecientemente represiva" respecto a los extranjeros indocumentados o ilegales, la fundamenta el informe en cifras oficiales, según las cuales los extranjeros rechazados en frontera pasaron de 19.406 en 1985 a 35.162 en 1989, lo que muestra un aumento del 90%, mientras que el crecimiento global de entrada de extranjeros fue del 25% en el mismo periodo. Todavía más aumentaron los extranjeros detenidos por la policía, que en cinco años se triplicaron: de 13.898 en 1985 pasaron a 32.496 en 1989.

449 "indeseables"

En cuanto a las cifras de extranjeros expulsados, se han quintuplicado: de 975 en 1985 se ha pasado a 4.739 en 1989. El informe analiza el desglose que el propio Ministerio del Interior realiza respecto a las causas de expulsión, que la APDHE evalúa como "gran amenaza". De los 4.739 expulsados en 1989, 4.275 lo fueron por ilegales, 449 por indeseables", 14 por delincuentes y uno por drogas. El informe resalta que la curiosa denominación policial y jurídica de indeseables apunta hacia expulsiones arbitrarias y señala también que, a pesar de la tendencia a presentarles como delincuentes, del total de 4.739 extranjeros expulsados en 1989, sólo 14 lo fueron por esta razón.

Esta parte del informe se complementa con los datos que muestran una degradación de los derechos de asilo y refugio en nuestro país, cuya denegación "ha crecido de forma espectacular", dice la APDHE, "en los últimos tres años", sobre todo respecto a los aspirantes a refugiados de origen africano. La APDHE relata con detalle la muerte de Seyed Modjtaba Shattah, iraní que solicitó asilo y, tras serle denegado por las autoridades gubernativas, se arrojó desde el octavo piso de su domicilio, a donde le condujo la policía para que recogiera sus efectos personales. En materia de defensa, el informe de la APDHE denuncia la "continuista e irritante doblez moral y afán de engaño" que supone presentar como únicas cifras de gasto militar los 870.000 millones de pesetas del Ministerio de Defensa presupuestados para 1990, cuando el resto de las partidas militares -Guardia Civil, OTAN, clases pasivas y otros- lo aumentan en unos 500.000 millones, con lo que el presupuesto global significa un incremento del 7,8% respecto al de 1989 y su proporción respecto al producto interior bruto supera a los de Canadá, Francia, Suecia y todos los países neutrales europeos. La APDHE denuncia también la venta de armas a países en conflicto, como Turquía y Marruecos, o a Gobiernos que violan los derechos humanos, como Chile y Suráfrica, pese al enbargo de la ONU asumido por España.

El giro de Múgica

El informe recoge "un significativo giro en la actitud de los responsables de la Administración penitenciaria", desde la llegada de Enrique Múgica al Ministerio de Justicia, frente a la "colaboración con diversas organizaciones cívicas y sociales que venían desarrollando un trabajo en el ámbito penitenciario, en tareas de asistencia a la población reclusa". En materia de marginación, el informe detalla la situación de los niños, ancianos, minusválidos y enfermos de sida, así como la discriminación hacia el pueblo gitano.

El informe de la APDHE refleja la disminución de las denuncias de torturas y, por primera vez, incluye a tres guardias civiles -uno de ellos Manuel Rosa Recuerda, promotor de un sindicato en dicha institución- como objetos de malos tratos por otros miembros de la Guardia Civil.