El presidente y el gerente de SAVE, condenados a dos años y medio por defraudar 532 millones al Estado

Vicente Iborra, presidente de la !Sociedad Anónima Valenciana de Estacionamientos (SAVE), y Francisco Casañ, gerente de la empresa, han sido condenados por la Audiencia de Valencia a sendas penas de dos años y medio de prisión, al ser considerados culpables de los delitos de falsedad y apropiación indebida. Los otros 22 procesados, empleados de SAVE y de Aeropuertos Nacionales, han resultado absueltos al considerar la Sala que su conducta no fue maliciosa. El Tribunal ha estimado en 532 millones de pesetas la cantidad que la concesionaria de 11 aeropuertos defraudó a la Administración y debe indemnizar.

La Sección Primera de la Audiencia de Valencia ha considerado probado que Francisco Casañ, de común acuerdo y con pleno asentimiento de Vicente Iborra, ex presidente de la patronal valenciana, "corregía a mano las cintas registradoras de los aparcamientos, haciendo constar en ellas las oportunas marcas y señalizaciones". Esta práctica, que consistía en reducir el tiempo de estancia de algunos vehículos, permitía una minusvaloración de las liquidaciones y una reducción consiguiente del canon porcentual establecido con la Administración.El Tribunal ha cifrado en más de 532 millones de pesetas la cantidad en que el Estado fue defraudado por la actividad ilícíta de SAVE y ha subrayado que los dirigentes empresariales dieron instrucciones a los empleados de la empresa para que, a partir de estas correciones, "confeccionasen unas nuevas cintas con unas máquinas registradoras, similares a las existentes en los estacionamientos, que había en la oficina central de Valencia".

La sentencia, que se hizo pública ayer en Valencia, asegura que la modificación de las cintas se realizaba en una habitación, en la que para acceder a la misma había que abrir la puerta de un armario, tras presionar uno de los pomos existentes que aparentaba realizar la función de un colgador.

Igualmente considera no probada la existencia de un pacto verbal entre SAVE y el Estado, como alegó la empresa.