Expertos españoles denuncian el incumplimento de las normas de seguridad sísmica en edificios

Geofísicos y sismólogos de varios organismos públicos coinciden en afirmar que en España se ignora casi sistemáticamente la legislación sobre las normas de sismorresistencia que deben cumplir los edificios. La normativa en vigor es de 1974, pero se estudia una nueva que podría ser aprobada a finales de año. Con la ley se ha diseñado un nuevo mapa de peligrosidad sísmica de España. Durante el primer trimestre de 1990 se produjeron en territorio español 41 terremotos de una magnitud media entre 3,5 y 5,5 grados en la escala de Richter, según Julio Mezcua, del Instituto Geográfico Nacional.

Según Mezcua, ninguno de los movimientos sísmicos registrados en España ha sido destructivo. "Atravesamos un periodo sísmico normal, pero siempre existe el riesgo de que haya un terremoto destructivo", matiza. El jefe del Servicio Nacional de Sismología del Instituto Geográfico Nacional (IGN), José Manuel Martínez Solares, admite que el riesgo de que se produzca en España un seísmo de elevada intensidad existe, "porque ya los ha habido y, de hecho, volverán a ocurrir".Este sismólogo recuerda que las áreas más expuestas en la Península son las de Granada -sobre todo en la zona de Arenas del Rey, donde en 1884 un terremoto ya produjo 900 muertos-, Alicante, Murcia, Huelva y la zona del golfo de Cádiz. Los expertos afirman que una de las zonas de mayor riesgo de seísmos es la capital de Málaga; sin embargo, en el nuevo mapa de peligrosidad sísmica no está incluida entre las áreas de mayor riesgo, hecho éste que puede ser controvertido a la hora de planificar nuevas edificaciones.

"La nueva ley puede ser polémica, porque en determinadas áreas se va a imponer la obligatoriedad del cumplimiento de las normas de riesgo en las construcciones y esto va a tener una indudable repercusión económica", comenta Fernando de Miguel, sismólogo del Instituto de Geofísica de la Cartuja, en Granada. "No se puede decir que todos los constructores incumplan estas normas de seguridad, pero sí casi todos. Los ayuntamientos, que deben vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad en la construcción de los edificios", prosigue, "no disponen de medios técnicos ni humanos para hacerlas cumplir".

Martínez Solares piensa que la normativa sobre sismorresistencia se cumple en la edificación de edificios públicos, pero no en los de carácter privado. Julio Mezcua comenta: "Yo he oído decir a muchos ingenieros que si se produjera un seísmo de fuerte intensidad muchos hoteles de las zonas costeras caerían como naipes, pero no puedo afirmar una cosa así". Ricardo Vieira, del Departamento de Astronomía y Geodesia de la Facultad de Físicas de la Complutense de Madrid, no repara en afirmar: "Me produce verdadero pánico ver muchos edificios desde Benidorm hasta la Costa del Sol, pero ya no hay quien corrija una cosa así. Me temo que no se cumplen casi nunca las normas de seguridad de los edificios frente a los seísmos. Se ha optado por tomar la actitud del avestruz".

En el supuesto de que se produjera hoy en algunas zonas de Andalucía un terremoto tipo de intensidad entre 8 y 9 grados en la escala MKS, como el re gistrado en la población granadina de Arenas del Rey, o en Lisboa en 1755, provocaría grandes pérdidas humanas y materiales, según un estudio de Antonio Jesús Martín, responsable del servicio regional para Andalucía Occidental del IGN.

Incumplimiento de normas

Martín piensa que los constructores están cada vez más convencidos de que deben aplicar las normas de sismorresistencia a los edificios, y cree que hasta ahora se han cumplido en pocas ocasiones debido al aume nto de los costes de los materiales de construcción.Un reciente informe del Instituto Tecnológico Geominero sobre los riesgos geológicos en España considera que un terremoto destructivo no llegaría a producir tantos daños como provocan las inundaciones y los deslizamientos de tierras. El informe resalta que en España se produce un terremoto destructor cada 100 años, "aunque su previsión está totalmente conseguida", y se anima a la aplicación de normas sismorresistentes en la construcción. Las pérdidas estimadas en España para el periodo 1986-2016 por riesgos geológicos se acercan a los cinco billones de pesetas.