La fuerza de la ley

NUEVE AÑOS después de la intentona golpista del 23-F, uno de sus principales cabecillas, el entonces capitán general de Valencia y ahora ex general Milans del Bosch, abandona la cárcel, no en virtud de alguna medida de gracia, a la que siempre se opuso con des dén, sino por la fuerza de la ley. Condenado a 30 años de prisión por el consejo de guerra que juzgó aquel atentado criminal contra el pueblo español, y reducida esta pena a 26 años y ocho meses por aplicación retroactiva del nuevo Código Penal Militar del 9 de diciembre de 1985, el ex militar cumple en estos momentos todas las condiciones legales para su libertad condicional.Con sensibilidad humanitaria, la legislación penitenciaria española prevé que ningún recluso de más de 70 años -cualquiera que sea el delito por el que cumple condena- permanezca en la cárcel. Y aunque el peculiar régimen carcelario castrense ha desconocido hasta ahora este beneficio, el Tribunal Supremo consideró recientemente que no hay razón para no aplicarlo también a los reclusos de este régimen, pues civiles y militares son iguales ante la ley. Ninguna circunstancia permitiría, pues, hacer una excepción con Milans del Bosch exonerándole de la ley común que se aplica al resto de los reclusos. Sea cual sea su concepto del deber -ha afirmado que, al ser el oficial de mayor graduación de los condenados por el frustrado golpe de Estado, debe ser el último en abandonar la cárcel-, su sitio está actualmente en la calle. Su edad, 75 años recién cumplidos, le exime del cumplimiento del principal requisito exigido para obtener la libertad condicional: haber cumplido las tres cuartas partes de su condena. Y el juez militar que inició de oficio el expediente de su excarcelación considera que también reúne los demás: haber iniciado el tercer periodo de condena, buen comportamiento carcelario y garantías de que hará "una vida honrada" en libertad, que en lo que interesa a los españoles sólo puede tener un significado: que olvide redentorismos no solicitados.

Como ya ocurrió ante el indulto concedido hace año y medio por el Gobierno al estratega político del 23-F, el ex general Armada, no ha lugar para que los demócratas españoles, es decir, la inmensa mayoría de los ciudadanos, se sientan ahora alarmados por la puesta en libertad de quien fue el estratega militar del golpe y sacó los tanques a la calle para aplastar la libertad. Aunque, a diferencia del primero, este ex general golpista no sólo no ha dado muestra alguna de acatamiento a la legalidad constitucional, sino que la ha rehusado expresamente, los demócratas deben contemplar con naturalidad la aplicación de una norma humanitaria a quien, por edad, debe beneficiarse de ella. En todo caso, la extensión generosa de este beneficio penitenciario -de acuerdo con el espíritu y los más genuinos valores constitucionales- a un militar que se sublevó contra la Constitución con las armas que el propio ordenamiento político le confió, no sólo no debilita a las instituciones democráticas, sino que las refuerza y prestigia.

No está en las manos de los demócratas impedir que el ex general Milans del Bosch, y cuantos todavía puedan añorar el pasado, siga soñando con soluciones políticas basadas más en la fuerza que en la razón. Lo que sí les corresponde es Ímpedir que estos sueños prendan de nuevo en la réalidad española. Para ello es necesario taponar cualquier resquicio por el que pueda introducirse nuevamente la nefasta doctrina de la autonomía militar, caldo de cultivo propicio para los meslanismos totalitarios. Sólo así la libertad de Milans será un hecho irrelevante y los ciudadanos podrán contemplar sin sobresalto cómo este ex general golpista se pasea libremente por las calles.