El Partido Popular se queda al margen del consenso general sobre la LOGSE

El debate en la Comisión de Educación del Congreso sobre el articulado del proyecto de Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) está contribuyendo al afianzamiento de un acuerdo cada día más franco y generalizado entre la mayoría que apoya al Gobierno y el resto de los grupos, con la notable excepción del Partido Popular. La comisión, que dedicó las jornadas del lunes y el martes al debate de las enmiendas, muchas de ellas asumidas en numerosas fórmulas transaccionales propuestas por el Grupo Socialista, dictaminó ayer los 50 primeros artículos de¡ proyecto.

El aislamiento del PP ante el consenso casi generalizado sobre la ley de reforma educativa quedó claro en su voto contrario a 38 de los 50 primeros artículos del proyecto, en el que sólo le acompañó en 13 ocasiones la minoritaria Unión Valenciana y, en siete artículos, y por razones obviamente distintas, Izquierda Unida. Pero más significativa fue la votación a las dos enmiendas transaccionales propuestas por el Grupo Socialista a sendos apartados de los artículos 7 y 11 del proyecto, relativos ambos a la educación infantil (la etapa del sistema educativo comprendida entre los 0 y los seis años).Sólo los diputados del Grupo Popular votaron en contra de ambas fórmulas transaccionales que recogen las enmiendas parciales de Izquierda Unida, Convergencia¡ Unió, PNV, Euskadiko Eskerra y Eusko Alkartasuna en una síntesis que, lógicamente, sacrifica aspectos del texto ideal de todos.

Prueba, no obstante, de las dificultades para el acuerdo finalmente alcanzado en torno a la regulación de la educación infantil, es que la votación de los artículos del proyecto había permanecido aplazada hasta ayer. Mientras avanzaba a buen ritmo el debate sobre las enmiendas al contenido de los títulos preliminar y primero de la ley ( 39 artículos), en los pasillos y despachos contiguos al salón de sesiones de la Comisión se trabajaba sin cesar en busca de una fórmula que recogiera las aspiraciones de todos en torno a la educación infantil.

Financiación

Lo que estaba en juego era, fundamentalmente, la cuestión de la regulación de la financiación de la educación infantil, que la LOGSE integra por primera vez plenamente en el sistema educativo,, pero que define como una etapa de escolaridad "voluntaria".

Las iniciales enmiendas del PP al artículo 11 tendían a conseguir que, sin pérdida de su carácter voluntario, la Ley garantizase la plena gratuidad del segundo ciclo de dicha etapa -tres a seis años- mediante la fórmula de conciertos educativos. Otros grupos, sobre todo los nacionalistas, trataban de asegurarse con sus enmiendas la competencia de las administraciones educativas en el desarrollo pleno de la educación infantil, así como respecto de la regulación de los requisitos para su financiación.

El texto del artículo 11.2 pactado dice: "Las administraciones educativas desarrollarán la educación infantil. A tal fin determinarán las condiciones en las que podrán establecerse convenios con las corporaciones locales, otras administraciones públicas y entidades privadas sin fines de lucro". Dicha fórmula se complementa con otra enmienda transaccional (esta vez al artículo 7,3) por la que se establece que "las administraciones educativas coordinarán la oferta de puestos escolares de educación infantil de las distintas administraciones públicas, asegurando la relación pedagógica entre los distintos centros".

El debate previo a la votación de estos dos párrafos resucitó la larga querella que enfrenta al PP con el PSOE, a propósito del concepto de libertad de enseñanza. Para el primero, limitar la garantía de gratuidad a la oferta de educación infantil de los centros públicos significa coartar la libertad de los padres que eligen los centros de iniciativa privada. Su portavoz, Enrique Fernández Miranda, volvió además a acusar al PSOE de falta de voluntad de consenso, o de "confundir consensuar con consentir". El portavoz socialista, Jerónimo Nieto, argumentó la posición de su grupo sobre la base de que la educación infantil es fundamental, aunque no obligatoria, y que, en todo caso, el Estado debe comprometerse mucho más con la financiación de una oferta pública suficiente que con la de los centros priva dos, a los que, en todo caso, quedará abierta la vía de subvención mediante convenios.

El diputado de IU, Baltasar Garzón, en defensa de una mejora y ampliación de la educación infantil pública, subrayó este significativo dato: en el momento actual, de cada diez puestos escolares de educación infantil, nueve corresponden a la iniciativa privada y sólo uno a la pública.