El diagnóstico
LA OCASIÓN que habitualmente ofrece la publicación de! informe anual del Banco de España para reflexionar sobre el estado de nuestra economía ha sido aprovechada con creces. Del discurso de presentación del gobernador se ha deducido, justificadamente, un cierto cambio de acento en los factores determinantes de las tensiones inflacionistas, significativo por su sintonía con los simultáneos intentos del Ministerio de Economía por recuperar la política de rentas en la lucha contra la inflación. Independientemente de esas precisiones, no pueden deducirse del informe propiamente dicho novedades importantes en el diagnóstico de la coyuntura económica en los primeros meses de 1990.A pesar de su moderación en el final de 1989, el excesivo crecimiento de la demanda interna sigue constituyendo la principal amenaza a la estabilidad de la economía española. Las medidas restrictivas adoptadas en 1989 apenas han contribuido a reducir las incertidumbres asociadas al cuadro de desequilibrios, en precios y sector exterior, vigente al comienzo del pasado año. Esta podría ser la síntesis de un diagnóstico que asocia a su escepticismo la constatación de la escasa virtualidad de la combinación de políticas macroeconómicas empleadas hasta ahora y la necesidad de retornar hacia actuaciones más directamente orientadas a la eliminación de ineficiencias en el funcionamiento de los mercados.
El mantenimiento de sectores protegidos de la competencia exterior sigue constituyendo uno de los principales focos de la inflación, al tiempo que la insuficiente competitividad de los más abiertos propicia el mantenimiento de un déficit exterior en niveles preocupantes. De los primeros, el sector servicios sigue siendo un ejemplo de la facilidad con que es posible la traslación a los precios de los incrementos en los costes. Independientemente del mayor ritmo de expansión de la demanda, en algunos sectores de la economía la inadecuación de la oferta proviene en mayor medida de ineficiencias de los propios mercados, lo que hace imprescindible la aplicación de reformas estructurales; estas reformas no siempre son compatibles con el carácter restrictivo de las políticas macroeconómicas que impone la necesaria convergencia con los principales países comunitarios.
La aparición del informe coincide prácticamente con el primer aniversario de la pertenencia de España a la disciplina cambiarla del Sistema Monetario Europeo (SME). La constatación de sus servidumbres no invalida la conveniencia global de la opción que se tomó hace un año, pero obliga al progresivo abandono del monocultivo de la política monetaria como única terapia para garantizar la reducción del diferencial de inflación con el resto de los países asociados al SME y, en última instancia, las necesarias ganancias de competitividad del conjunto de la economía.
Sobre las vías específicas para la consecución de esas ganancias el informe no se pronuncia; pero es consciente de la insuficiencia y agotamiento de los instrumentos utilizados hasta ahora. Las referencias de la autoridad monetaria a la necesaria conducción de los excedentes empresariales a ese objetivo de contención de la demanda interna suponen, en efecto, un cambio de tono próximo a la frecuencia en la que el Ministerio de Economía trata de situar al contenido de las negociaciones con la patronal y los sindicatos.
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