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Aranzadi anuncia hoy en el Parlamento que Industria opta por el cierre de Vandellòs 1

Miguel Ángel Noceda

, El ministro de Industria y Energía, Claudio Aranzadi, expondrá hoy en el Congreso de los Diputados una serie de conclusiones de su departamento que aconsejan el cierre definitivo de Vandellòs 1, la central nuclear que sufrió un grave accidente en octubre de 1989. Razones económicas recomiendan que la central, regentada por el consorcio Hifrensa, se clausure. Industria propone que la energía que genera se sustituya por otra procedente de centrales convencionales. Aranzadi ya ha anunciado a los propietarios de Vandellòs 1 su decisión y les ha recomendado que ellos mismos valoren la situación y decidan el cierre.

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[Fuentes del sector eléctrico calificaron ayer de "política" y de "expropiación" la decisión del Ministerio de Industria y Energía de cerrar la central nuclear de Vandellòs- 1, tras el accidente ocurrido el pasado 19 de octubre, informa Josep Garriga.]La postura de Industria sobre Vandellòs 1 era todavía ayer debatida en el seno del ministerio, cuando se estaba elaborando la intervención de hoy de Claudio Aranzadi en el Parlamento. El principal punto de polémica se centra en la conveniencia de anunciar de forma rotunda el cierre definitivo o en decir que se aplaza sine die, lo que para los explotadores de la central, agrupados en la empresa Hifrensa, significaría lo mismo. En cualquier caso, las consecuencias de lo que anuncie Aranzadi, que llevan al cierre inevitable, serán rotundas.

En Industria han imperado -principalmente las razones económicas por encima de otras consideraciones técnicas. A raíz del grave accidente registrado en octubre del pasado año en la central, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) señaló en un posterior informe que era posible la reapertura de la central, aunque con unas medidas que, tanto desde el punto de vista social como económico, extremaban las condiciones. El informe dejó suficientemente claro que cumpliendo las condiciones técnicas la reapertura era posible. La cuestión económica, sin embargo, es bien distinta. Según los estudios del ministerio, el coste de volver a poner en marcha Vandellòs 1 se eleva a una cifra entre 40.000 y 45.000 millones de pesetas, que dobla la estimada en principio por Hifrensa.

Esta cantidad, considerada exagerada por fuentes cercanas a la empresa, ya es, de por sí, un impedimento suficiente para frenar el intento de recuperar la central. Además, la cifra se ele varía a más de 70.000 millones de pesetas en el caso de que se confirmaran los temores de sismicidad en el asentamiento de la nuclear, extremo éste que no se ha precisado pero que quedó reflejado en el informe del CSN como una condición indispensable para su posible reapertura.

Sustitución

También se tiene en cuenta la posibilidad de sustituir con facilidad la energía de Vandellòs 1 por la que pueda originarse en otras centrales térmicas. La potencia teórica de Vandellò 1 es de 500 megawatios pero, según expertos consultados, en pleno funcionamiento no ha rebasado nunca los 400, cantidad fácilmente sustituible por otras fuentes. Tras el cierre de la central, es probable que la energía que produce sea sustituida por otra que se origine en la zona minera de Teruel, donde se experimenta con éxito la producción térmica denominada de lecho fluido.

Otra de las razones, en estecaso más técnica que económica, es la antigüedad de Vandelòs 1 considerada de primera generación. La central se puso en marcha en 1971 y recibió un permiso de explotación definitivo -fue la única que lo recibió- hasta el 2003. Sin embargo, tras el accidente del pasado mes de octubre se retiró el permiso para una explotación tan prolongada. Habitualmente, la vida media de una central nuclear es de 25 años. Si el permiso de explotación hubiera estado acorde con esta media la central hubiera tenido que cerrarse en 1996.

Por otro lado, en España ha originado mucha cautela la decisión de la Administración francesa de cerrar sus cuatro centrales nucleares generadas por uranio natural (grafito-gas), del mismo tipo que Vandellòs 1, antes de 1992. Dicha postura ha sido un rejón más en el ya dudoso futuro de la nuclear catalana.

El Ministerio de Industria, antes de tener que comparecer su titular en el Congreso, ha comunicado la decisión a los empresarios que participan en Hifrensa: Fuerzas Eléctricas de Cataluña (Fecsa), con el 29% (el 6% a través de Segre); Hidroeléctrica de Cataluña (Hidruña), controlada por Hidrola, con el 23%; Enher, integrada en el grupo público del INI Endesa, con otro 23%, y Electrécité de France (EDF), con otro 23%. El ministro ha intentado -la pasada semana se entrevistó con los presidentes- que la propia Hifrensa fuera la que dijera que no era conveniente la reapertura de la planta.

Los presidentes (Feliciano Fuster, Íñigo de Oriol y Luis Magaña) recibieron la noticia con cautela y, a pesar de no levantar polvareda, no se han mostrado predispuestos a anunciar la falta de viabilidad de la nuclear, algo que, por otra parte, han estado defendiendo desde el accidente de octubre. No obstante, siempre consideraron que un coste por encima de los 40.000 millones no hacía precisamente recomendable la inversión. Ayer mismo, además, seguía el contacto directo con la Secretaría General de la Energía para tratar el tema.

Entre otras cuestiones, en el ministerio también se tuvo que abordar la situación de la central de Lemóniz. El diario El Sol publicó ayer que la venta de esta central estaba siendo negociada con el Gobierno rumano. Según confirman fuentes empresariales, la relación con Rumanía por parte de Lemóniz, central regentada por el Consejo de Intervención de Lemóniz, se limita a la que ha mantenido la sociedad española Energrup con responsables del Programa Nuclear Rumano para la venta de válvulas y electrodos, cuyo valor ascendería a unos 100 millones de pesetas.

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Sobre la firma

Miguel Ángel Noceda
Corresponsal económico de EL PAÍS, en el que cumple ya 32 años y fue redactor-jefe de Economía durante 13. Es autor de los libros Radiografía del Empresariado Español y La Economía de la Democracia, este junto a los exministros Solchaga, Solbes y De Guindos. Recibió el premio de Periodismo Económico de la Asociación de Periodistas Europeos.

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