Las incompatibilidades dividen a los grupos que estudian el tráfico de influencias

, La regulación de las incompatibilidades para los altos cargos enfrenta a los ponentes que estudian esta materia ante el deseo del Partido Popular (PP) y de Izquierda Unida (IU) de considerar cargo público a toda persona que trabaje en una empresa en la que el Estado tenga algún tipo de participación. La posición más extrema la representa el diputado de IU Pablo Castellano, que ayer mismo propuso a su grupo parlamentario retirarse de estos trabajos, aunque finalmente IU decidió posponer esta medida y sustituirla por otra que hará pública la próxima semana.

Las medidas a tomar tienen que ver con el parón en la regulación de las normas para que la comisión del estatuto estudie casos de corrupción.Pablo Castellano propuso ayer a sus compañeros de grupo que IU abandonara la ponencia de incompatibilidades y tráfico de influencias para manifestar su protesta, no tanto por el desarrollo de estos trabajos, sino por la demora en la regulación de las normas para la comisión del Estatuto.

Pablo Castellano estima que ambas cosas van unidas y recuerda que todo nació del caso Juan Guerra lo que dio origen a iniciativas tendentes a endurecer las incompatibilidades, penalizar el tráfico de influencias y crear ámbitos para investigar y depurar responsabilidades políticas ante eventuales casos de corrupción.

Aunque esta segunda parte aún sigue sin regular lo cierto es que, desde hace varias semanas, la ponencia sobre incompatibilidades y tráfico de influencias está trabajando aunque en estos momentos existe una demora por las discrepancias entre socialistas, por un lado, y Partido Popular e Izquierda Unida, por otro, en cuanto a quienes pueden ser considerados altos cargos para que recaiga sobre ellos un duro régimen de incompatibilidades.

Además de los altos cargos de la Administración esta figura se, extiende con claridad a directivos de numerosas empresas públicas regentadas por el Estado. Los problemas se han presentado cuando los ponentes del Grupo Popular han propuesto que se considere también alto cargo a aquél que trabaje en una empresa "donde el Estado tenga una posición dominante", defendido por los diputados Juan Carlos Aparicio y Jaime Ignacio del Burgo. Esta posición se radicaliza más en las propuestas de Izquierda Unida expresadas por Pablo Castellano, al pedir incompatibilidades para "el personal de alta dirección de empresas en las que tenga el Estado alguna participación".

El ponente del partido socialista en estos trabajos, Ángel Luna, además de considerar esta medida posiblemente inconstitucional, cree que es inadecuado al suponer "la expulsión definitiva de buenos gestores de todo aquello que tenga que ver con el sector público y, por tanto, se forzaría a politizar la empresa pública ya que sólo irían a trabajar militantes ordenados por sus partidos".

Miles de empresas

A modo de ejemplo, aunque estima que en este caso de alguna participación estatal se encuentran "miles de empresas", sitúa los casos concretos de las cadenas radiofónicas COPE o la SER en las que el Estado tiene participación.

"Cualquier directivo de la COPE o de la cadena SER se vería incompatibilizado absolutamente y, al igual que los altos cargos de la Administración o que los parlamentarios, no podría dedicarse a una actividad similar hasta dos años después de abandonar su puesto", explica Ángel Luna. Hasta ahora esta ponencia ha estudiado la definición de tráfico de influencias y la sanción por revelaciones de secretos y por uso de información privilegiada. Los ponentes tienen todavía por delante la modificación de la ley de mercado de valores, la de contratos del Estado, la de incompatibilidades para miembros de corporaciones locales y para diputados y senadores.