El PSOE pospone la regulación de los casos de corrupción a una reforma reglamentaria

El PSOE, con el apoyo de CiU, el CDS y el PNV, dejará en suspenso el estudio de las normas que iban a conceder a la Comisión del Estatuto del Diputado la capacidad de depurar responsabilidades políticas de los parlamentarios. Los socialistas desviarán este debate hacia la reforma del Reglamento de¡ Congreso, en cuyo marco propondrán una nueva concepción de las comisiones de investigación. El PSOE considera que actuó con "precipitación" cuando dio el visto bueno para que la Comisión del Estatuto estudiara supuestos de corrupción influido por el tenso momento que supusieron los casos de Guerra y Naseiro.

La imposibilidad de alcanzar el consenso para regular las normas de la Comisión del Estatuto del diputado será el argumento que esgrimirá esta semana el residente del Congreso, Félix Pons, en la reunión de la Mesa para proponer más tiempo para estudiar la situación de una manera más sosegada. Pons ha defendido que para la aprobación de unas normas de procedimiento no debiera romperse la tradición de que hubiera acuerdo unánime en la Mesa. Además, se añadirá, que no hay necesidad de tanta premura, toda vez que no hay casos a investigar". Ciertamente, nadie ha propuesto que se investigue en esta comisión los casos Guerra o Naseiro.Esta decisión viene precedida de conversaciones institucionales de Pons con los portavoces parlamentarios para pedirles su opinión, mientras que el ministro de Relaciones con las Cortes Virgillo Zapatero, y el presidente, del grupo socialista, Eduardo Martín Toval, hacían otro tanto, pero desde una perspectiva política, con estos mismos interlocutores.

Hasta ahora, los portavoces menos receptivos a abandonar la vía de la Comisión del Estatuto del Diputado para investigar posibles casos de corrupción política eran Alejandro Rebollo, del CDS, y Miquel Roca, de CIU, por el ardor que pusieron ante el Partido Popular para convencer de que no era necesaria una comisión específica para el caso Naseiro ante las múltiples posibilidades que se abrían en la citada comisión.

Pasadas varias semanas, los temores han ido creciendo, y tanto entre los miembros de la Mesa con filiación socialista como entre los dirigentes políticos de esa militancia se ha extendido el convencimiento de que esa comisión podía convertirse en una especie de comisaría parlamentaria en la que cupieran todo tipo de denuncias, estuvieran o no justificadas. Entre los distintos grupos no se ha alcanzado acuerdo sobre quién tendría capacidad de denuncia, que tipo de casos podían ser atendidos y si la admisión de supuestos debía ser automática o, por el contrario, actuaría el sistema de mayorías, y por tanto, la última palabra la tendría el PSOE. Tampoco hay acuerdo sobre si a esta comisión podían o no ser llamadas personas ajenas al Parlamento.

Así las cosas, en las últimas horas se ha decidido orillar este asunto para seguir reflexionando sobre la materia, aunque finalmente la Comisión del Estatuto ceñirá su actuación a supuestos de vulneración del artículo 17 del Reglamento del Congreso, que dice lo siguiente: "Los diputados no podrán invocar o hacer uso de su condición de parlamentarios para el ejercicio de actividad mercantil, industrial o profesional". Desde luego, en este apartado no entrarían los supuestos que han rodeado al vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, ni al ex tesorero del Partido Popular Ángel Sanchis.

La improvisación ha acompañado toda esta polémica para pasar de un afán generalizado de investigación a las más absolutas reservas por los excesos en los que se podía incurrir si se aprobaran unas normas de funcionamiento de la citada Comisión del Estatuto. Ahora todo son cautelas en cuanto al perjuicio que se podía ocasionar a un diputado al que se le imputara alguna acusación "no debidamente fundada", según expresión del presidente del Grupo Socialista, Eduardo Martín Toval.

Quizá el elemento que más suspicacias ha levantado ha sido el del propio funcionamiento de la Comisión del Estatuto, que, según el actual reglamento, no requiere el voto ponderado, es decir, no se tiene en cuenta qué grupo es el mayoritario y, por tanto, todos los votos son iguales. Los socialistas hace ya tiempo que se dieron cuenta de que la mayoría debía funcionar como en cualquier otra comisión con arreglo a la representación popular que cada grupo tenga.

El portavoz del PNV, Iñaki Anasagasti, ha terciado en este callejón sin salida (ya que los socialistas en este caso no quieren imponer su mayoría) con la propuesta de que en la reforma del reglamento se entre de lleno en las comisiones de investigación para dar a la oposición más; posibilidades, lo que ha sido bien acogido en el PSOE. El diputado socialista y miembro de la Mesa Ramón Vargas Machuca ha aportado una tesis expuesta en publicaciones de teoría política.

Vargas Machuca, sugiere que "la mayoría no vete la iniciativa de propuesta de comisiones cuando lo pida unánime la oposición".