Industria está dispuesta a liberalizar el precio de la gasolina a partir de julio

El Ministerio de Industria y Energía ha manifestado a las empresas refineras, presentes todas en el accionariado de Campsa, que está dispuesta a cumplir el compromiso sobre liberalización del precio de la gasolina al por menor adquirido con la CE. La fecha acordada es el 25 de junio, aunque puede comenzar a aplicarse desde el 1 de julio. Las empresas refineras habían presionado para que la liberalización se retrasara hasta octubre ante la falta de acuerdo para el reparto de la actividad de distribución de Campsa.

Los responsables de la política energética del Ministerio de Industria recibieron ayer a los representantes de las compañías petrolíferas para analizar la situación sobre la liberalización de los precios al por menor ante la cercanía del fin de plazo establecido. El secretario general de la Energía, Víctor Pérez Pita, y el director general, Ramón Pérez Simarro, comunicaron a los empresarios su intención de no dilatar la fecha, tal como había trascendido desde el serio de Campsa.La postura de Industria parece inflexible, aunque, a pesar de ello, queda abierta una ligera posibilidad de que el aplazamiento pueda realizarse si Bruselas decidiese aceptarla. Según algunas fuentes, la Comunidad no pondría demasiados inconvenientes en aceptarlo. No obstante, lo más probable es que la Comisión Delegada para Asuntos Económicos decida enviar la propuesta al Parlamento el próximo jueves. La liberalización se adoptaría por ley, por lo que el Gobierno la remitiría directamente a los grupos parlamentarios para que se sometiese a aprobación en el Parlamento.

Precios máximos

La liberalización de los precios de la gasolina supondría la adopción inmediata de un precio. La fórmula es adoptar unos precios máximos sobre los que tendrían que ajustarse todos los operadores sin poder vender por encima del mismo.Se contemplan dos posibilidades, una basada en la media de nueve países comunitarios (se exceptúan Grecia, Portugal y España) y otra, en la de seis (se suprimen, además, Dinamarca, Irlanda y Luxemburgo) añadiendo una peseta. En los dos casos, la revisión del precio sería quincenal. Según todos los indicios, esta segunda opción es la que más posibilidades tiene de aplicarse, en contra de lo que prefieren las empresas. No obstante, la decisión la debe adoptar la Comisión Delegada.

El precio máximo resultaría, entonces, de la suma de la media de precios de esos países, de los impuestos y de un diferencial que debe aplicar el Ministerio. Con este arma, Industria podrá mantenerlo respetando sus intenciones de beneficiar a los consumidores y de tener en cuenta la referencia internacional. Precisamente por esto, la fórmula de precios máximos no satisface excesivamente a Campsa. Por ello, es previsible que Industria proponga un precio máximo bajo. Ello permitiría, además, apoyar la incorporación de operadores extranjeros y mejorar la competencia.

La decisión supondría la aceleración de las negociaciones para la segregación de Campsa en dos partes, la distribución y la logística, para repartirse, posteriormente, la primera actividad entre todos los accionistas. Asimismo, las negociaciones contemplan la venta de la marca Campsa a Repsol. La valoración de esa marca se estima en 60.000 millones de pesetas.