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Campsa solicita al Gobierno que retrase hasta octubre la liberalización del precio de la gasolina

Miguel Ángel Noceda

Las discrepancias existentes en el seno del Consejo de Administración de Campsa entre las distintas compañías accionistas han aconsejado a sus responsables la solicitud de un retraso de la aplicación de la liberalización de precios, prevista para judío, hasta el mes de octubre. A lo largo de los tres meses que intenta ganar Campsa se quiere alcanzar un definitivo acuerdo sobre la segregación de la compañía entre logística y distribución y el posterior reparto de ésta entre los accionistas. Uno de los principales escollos es la cesión de la marca Campsa a Repsol para su explotación.

El plan de reorganización (le Campsa supone la separación efectiva de la red logística, o (le distribución de productos petrolíferos, de la actividad comercial. La primera quedaría integrada en Campsa, mientras que la otra se repartiría entre sus accionistas (las firmas privadas Cepsa, Petromed y Ertoil y el grupo público INH, en el que se engloban Repsol y Petronor).El planteamiento convence, en su desarrollo genérico, a los distintos socios. Sin embargo, la concreción de este reparto sigue originando serias discrepancias entre ellos, principalmente de Ertoil y Petromed, los dos accionistas de menor participación. La Compañía Española de Petróleos (Cepsa), que siempre ha estado más cercana a las tesis del INH, tampoco está dispuesta. a ceder a cualquier precio.

El consejo de Campsa ha estado discutiendo desde el año pasado el alcance de la segregación. Según los planes, todos los socios se (deben repartir la actividad comercial en sus distintos alcances. Pero es ahí, junto con la cesión a Repsol de la marca Campsa, donde se ha encontrado los obstáculos que han frenado la marcha. El objetivo del INH, que es el principal interesado en llegar a un acuerdo, era cerrarlo antes del 1 de julio, fecha en la que está previsto liberalizar los precios de la gasolina al por menor (en estaciones de servicio). Aunque no es obligado que se cierre el acuerdo antes de esa fecha, la propia competencia que se avecina recomienda que el reparto esté hecho antes.

Respuesta

Sin embargo, las dificultades que ha originado ese reparto ha aconsejado que Campsa, a través de su presidente José Luis Díaz Fernández y de acuerdo con el consejo, solicite a la Administración -en esta cuestión están implicados los ministerios de Economía y de Industria- que se retrase la entrada en vigor de los precios libres hasta el mes de octubre. La intención es que, en los tres meses que supone la prórroga, los accionistas puedan limar las diferencias y ponerse definitivamente de acuerdo. Fuentes ministeriales han informado, sin embargo, que es posible que la liberalización se lleve a una próxima Comisión Delegada, lo que podría trastocar los planes de Campsa.

La Comunidad Europea, por su parte, no parece poner ningún reparo, según los accionistas, que se comprometen a conseguir el total reparto, además de solucionar los otros conflictos, muchos de ellos internos, que ha originado la segregación de la compañía distribuidora.

De cualquier forma, el consejo de Campsa ha discutido ya dos posibilidades para el acoplamiento de los precios a los demás países europeos. Una de ellas se basa en la aplicación de la media de precios de nueve países de la Comunidad (se exceptúan Grecia, Portugal y, evidentemente, España) con revisión quincenal. La otra alternativa, también revisable cada quincena, es aplicar una media de seis países (Francia, Reino Unido, República Federal de Alemania, Italia, Holanda y Bélgica) y añadir una peseta.

Las empresas refineras españolas prefieren la primera posibilidad, ya que, según fuentes sectoriales, consideran que la segunda condena a no gozar de los momentos buenos y a sufrir los malos.

El rechazo a la petición podría provenir de las multinacionales del sector, que ya han comenzado a hacer incursiones en España. No obstante, la mayor parte de ellas ha llegado a acuerdos de comercialización con contrapartidas en su país de origen con compañías españolas.

La marca Campsa ha sido valorada en 60.000 millones

M. Á. N. La trama del reparto de Campsa ha entrado ya en una fase fundamental. Los accionistas, entre los que el grupo público INH -directamente y a través de Repsol y Petronor-, son reacios a desvelar sus intenciones y por ello no han querido escribir ningún documento que les comprometa "ni que se filtre". Sin embargo, el proyecto está suficientemente discutido y, primordialmente, depende (le la satisfacción de intereses.

La estrategia consiste en el reparto de todas las actividades de distribución de Campsa y la explotación de la marca. En el primer caso, el grueso recae en la adjudicación de estaciones de servicio que son propiedad y están abanderadas por contrato por Campsa (cerca de 2.000 de las que alrededor de 1.500 son en propiedad) entre los accionistas. El planteamiento es que se haga (le forma proporciona¡ a la cuota de mercado (Repsol, 58%; Petronor, 13% Cepsa, l6%; Petromed, 7%, y Ertoll, 6%) y por zonas.

Sobre el primer punto, están de acuerdo. Básicamente no existirían muchos problemas con las gasolineras que son propiedad de Campsa, entre las que se mirarían las escalas por venta y su situación. Otra cuestión son las 500 gasolineras que no firmaron el contrato con los propietarios que no firmaron el protocolo de adaptación de la nueva Campsa. Por otra parte, las empresas privadas quieren tener representación en toda España para poder tener canales de comercialización de productos adicionales o complementarios, como lubricantes.

Esta diferencia se agrava en el reparto de otros puntos de venta: puertos, gasóleo agrícola, gasóleo de calefacción, fue!, transportistas, revendedores y listas de clientes. En este aspecto es donde más han hecho hincapié Ertoil y Petromed, que se ven más perjudicados. Las des empresas ven debilitadas sus estructuras comerciales debido a su tamaño y, en el caso de Petromed, que en este campo comparte con British Petroleum (BP), también puede ver peligrar los beneficios de su actividad refinera.

Fondo de comercio

La cuestión que más preocupa a Repsol, no obstante, es la de la explotación de la marca Campsa. La entidad presidida por Oscar Fanjul ha propuesto quedarse con ella con el objetivo de ampliar su gama, hoy constituida por Repsol y Petronor. El objetivo de Repsol es mantener el 25% de las gasolineras abanderadas hoy por Campsa.

Los accionistas privados, en principio, no ponen muchos impedimentos a la cesión, aunque no a cualquier precio. Antes de concretar un precio, quieren realizar una valoración exacta teniendo en cuenta todo el fondo de comercio que representa la marca como consecuencia, en gran medida, a las fuertes inversiones que se han hecho en los últimos años (abanderamiento, publicidad, patrocinio ... ). En total una valoración aproximada podría llegar a 60.000 millones de pesetas, cifra que ninguna fuente del sector, y menos de Repsol, se atreven a confirmar.

La segregación de Campsa no pasa desapercibida en el seno de la empresa. Puede suponer fuertes consecuencias en la plantilla y no extrañaría que los sindicatos pusiesen sobre la mesa puntos reivindicativos sobre esta cuestión.

Mientras tanto, en la Administración se trata de potenciar el desarrollo de la red paralela de gasolineras. Hasta la fecha, y debido principalmente a los impedimentos que suponía la ley de carretreas, apenas se habían aprobado solicitudes. En el Ministerio de Obras Públicas existían alrededor de 400 al final del mes pasado y se habían enviado expedientes de unas 25. Esto ha hecho que apenas rebasen las dos decenas el número de estaciones en esta red.

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Sobre la firma

Miguel Ángel Noceda
Corresponsal económico de EL PAÍS, en el que cumple ya 32 años y fue redactor-jefe de Economía durante 13. Es autor de los libros Radiografía del Empresariado Español y La Economía de la Democracia, este junto a los exministros Solchaga, Solbes y De Guindos. Recibió el premio de Periodismo Económico de la Asociación de Periodistas Europeos.

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