El Tribunal Superior de Andalucía denegará mañana el nombramiento de un juez especial para el 'caso Guerra'

La sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía desestimará mañana, casi con toda seguridad, la petición de nombramiento de un juez especial para el caso Juan Guerra, según fuentes judiciales consultadas por este periódico. Por otra parte, siguen abiertas las dos vías que se siguen para esclarecer este asunto: la judicial y la constituida en el Ayuntamiento de Sevilla.

La comisión municipal sobre tráfico de influencias abierta en Sevilla está totalmente estancada: se ha reunido sólo tres veces -una el día de su constitución-, lleva sin hacerlo dos meses, y los partidos de la oposición mantienen posturas dispares sobre cómo se debe continuar el trabajo.Por su parte, la vía judicial abierta por la querella de IU avanza entre una interminable sucesión de declaraciones de personas relacionadas con Juan Guerra, al tiempo que sigue la pista de las transacciones rrionetarias efectuadas por las empresas que con él se relacionan.

Paralelamente a estas dos líneas de investigación, existe una tercera dirigida por el fiscal jefe de la Audiencia de Sevilla, Alfredo Flores, que estudia los asuntos excluidos en la querella presentada por Izquierda Unida -principalmente fuentes financieras de las empresas de Juan Guerra- y otra realizada por los servicios de Inspección del Ministerio de Hacienda, abierta a raíz del descubrimiento de una cesión de crédito suscrita por Juan Guerra con el Banco Bilbao Vizcaya, en Sevilla, y de la entrega en Hacienda por un desconocido de un maletín con algo más de 14 millones de pesetas por impagos reconocidos del Impuesto Sobre el Valor Añadido (IVA) de una de las sociedades relacionadas con Juan Guerra. (Ver EL PAÍS del 15 de marzo).

Frente a esta situación, Juan Guerra ha contraatacado en el último mes con varias entrevistas en diferentes medios de comunicación en las que atribuye el escándalo creado en torno suyo a un intento de desacreditar al PSOE y a su hermano Alfonso ante las próximas elecciones andaluzas por parte de los partidos de la oposición.

Juan Guerra ha negado cuantos negocios y empresas se le atribuyen, dice que no es rico, y que trabaja más que nadie. "Yo me acuso de trabajar 16 o 18 horas todos los días", llegó a decir. Sin embargo, en esa misma entrevista dejó escapar algo que todos los que han investigado el asunto suponían casi de antemano: "Si hay algo de tipo fiscal que no esté bien claro, porque se haya equivocado o se haya dejado algo atrás o lo que sea, yo desde este momento asumo mi responsabilidad", dijo Juan Guerra en televisión.

Esa cuestión es la única que puede desembocar en un presunto procesamiento del hermano del vicepresidente del Gobierno. Esa u otra cuestión que desveló la pasada semana Izquierda Unida, y que, confirmada en medios judiciales por EL PAÍS, supone la aparición en los negocios de Juan Guerra de una partida de dinero de 20 millones de pesetas, utilizados para la compra a Ensidesa de la finca La Carrascosa. Este dinero procede, según declaró Juan Guerra al Fiscal Alfredo Flores, de un amigo, Francisco López Martín, socio suyo en Fracosur, que se los prestó y que "Los había ganado la noche antes en el casino de Cádiz". El hecho de que muchas de las empresas vinculadas a Juan Guerra no posean entradas de dinero y que su actividad se reduzca únicamente a la compra de inmuebles u otros bienes patrimoniales, mantiene abierto el principal frente investigador.

"Caricatos e imbéciles"

Para ello el juez de instrucción número 6 de Sevilla, Ángel Márquez Romero, ha llamado a declarar a una lista interminable de personas relacionadas con Juan Guerra, socios en sus empresas y visitantes del famoso despacho de la Delegación del Gobierno en Andalucía. Estas declaraciones, según fuentes judicliales cercanas al caso, se están dilatando por diversos motivos.Otro frente derivado del caso Juan Guerra es la querella presentada por el portavoz del Partido Andalucista, José Antonio Hurtado, contra otro de los herrnanos Guerra, Adolfo, que llamó "caricatos e imbéciles" a los miembros de la comisión de tráfico de influencias del Ayuntamiento de Sevilla. Ayer se supo que el fiscal ha calificado los hechos como una falta por "desacato leve" al haberse producido "una falta de respeto debido", y pide para Adolfo Guerra una multa de entre 5.000 y 25.000 pesetas.

Precisamente la negativa de Adolfo y Juan Guerra a declarar en esa comisión, hecho que provocó las citadas declaraciones y la querella, mantiene paralizada a la citada comisión, que se reunirá el próximo día 21.

IU entiende que el alcalde Manuel del Valle trata de dilatar las cosas, "para que se trasmita que las comisiones no sirven para investigar, que es lo que argumenta el PSOE, y ha reclamado que se amplíe la investigación a un bingo relacionado con Juan Guerra. El PA parece decidido por su parte a abandonar la comisión y remitir la investigación al juez, y el Partido Popular cree que sin las declaraciones de Adolfo y Juan Guerra, la corrilsión no tiene mucho sentido".

Por último, la querella presentada por el Partido Andalucista la semana pasada contra Juan Guerra por "malversación, cohecho y defraudación", ha sido desestimada en principio por el juez Márquez Romero, que ha requerido "un poder especial al procurador".