Un ex funcionario del Gobierno Civil de Barcelona, acusado de falsedad y cohecho

BLANCA CIA Un ex funcionario del Gobierno Civil de Barcelona, Emiliano Veiga Rodríguez, fue juzgado ayer en la Audiencia de Barcelona por las acusaciones de cohecho y falsedad en documento oficial, delitos supuestamente cometidos al facilitar permisos; de explotación para la instalación de máquinas tragaperras. Las supuestas irregularidades se llevaron a cabo en 1982, año en que un real decreto prohibió la instalación de ese tipo de máquinas en bares. Junto con Veiga fueron juzgados otros 15 procesados, también acusados de las mismas irregularidades. Del conjunto de los procesados, Veiga es el que se enfrenta con la petición fiscal más alta, concretamente 12 años de prisión y ocho de inhabilitación especial.

Veiga, que actualmente tiene 70 años, estaba destinado en el negociado de orden público del Gobierno Civil. Éste servicio estaba ubicado en las mismas dependencias que el negociado de juego. Según la acusación, Veiga, aprovechando su libre acceso a los impresos de autorización para la instalación de las máquinas tragaperras, se puso de acuerdo con un amigo suyo, Sebastián Fontrodona, para facilitar los permisos de explotación a los industriales interesados en instalar las máquinas.

De acuerdo con la acusación, el funcionario utilizaba los impresos oficiales del Gobierno Civil a los que estampaba un sello, también oficial, dejando en blanco los datos referidos a la maquina de que se tratase. Estos datos eran completados por los industriales interesados en tener el permiso. El fiscal sostiene que, por medio de este procedimiento, Veiga concedió 100 permisos ilegales y que por cada uno de ellos cobró un promedio de 20.000 a 40.000 pesetas. Para estas maniobras, Veiga utilizó a varias personas como intermediarias con los industriales interesados en el arreglo.El ex funcionario negó ante el tribunal haber realizado ninguna operación de este tipo e insistió en que nunca utilizó los impresos de autorización. Sin embargo, a preguntas del fiscal, Veiga reconoció que en su domicilio tenía impresos y un tampón del Gobierno Civil aunque matizó, que se trataba de formularlos en desuso. "Los llevaba para los apuntes de mis hijas", manifestó. La policía halló en el domicilio del funcionario un total de 30 impresos de autorización para la instalación de las máquinas y comprobó en el Gobierno Civil, que los impresos y el tampón, encontrados en el domicilio de Veiga eran los utilizados habitualmente en esas dependencias para la autorización de las máquinas.