El aborto debe ser libre y gratuito en las 16 primeras semanas de embarazo, según una proposición de IU

El grupo Izquierda Unida presentó ayer ante la Mesa del Congreso de los Diputados una proposición de ley reguladora de la interrupción del embarazo en la que se contempla el aborto libre y gratuito sin otra limitación que éste se realice en el plazo de las 16 primeras semanas del embarazo. La propuesta, primera que se presenta en esta legislatura, trata de adecuar la ley a la realidad social española, según explicó la diputada de IU Cristina Almeida. En el texto se pide también la creación de un registro de personal sanitario objetor de conciencia en la práctica del aborto.

Los diputados de IU -también firmaron la proposición Ramón Espasa y Nicolás Sartorius, además de Almeida- parten del hecho, muy claro para ellos, de que "la actual ley orgánica de despenalización parcial del aborto se ha demostrado escandalosamente insuficiente a los cinco años de su entrada en vigor"."En 1983 -último año del que se tienen estadísticas más o menos fiables- hubo en España entre 47.000 y 85.000 abortos", según los diputados de IU. "El aborto es un problema de salud comunitaria, y es mejor resolverlo en el marco de la salud pública que en la clandestinidad; la red sanitaria pública española no cubre más allá del 3% de la demanda real", añaden.

Para hacer frente a esta situación, los parlamentarios de Izquierda Unida proponen una ley de plazos que garantice a todas las mujeres en edad fértil el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo con independencia de su edad, estado civil y nacionalidad dentro de las 16 primeras semanas de gestación.

También se reconoce en el texto de la proposición de ley la interrupción del embarazo, pero en el plazo de las 22 primeras semanas, si, es presumible que el feto nazca con malformaciones físicas o psíquicas, siempre que la intervención y el pronóstico desfavorable conste en un dictamen emitido por dos médicos especialistas.

Por otra parte, la interrupción del embarazo podrá realizarse en todo el período del embarazo si dos médicos certifican que se pone en grave peligro la vida o la salud de la embarazada o ésta pertenece a un grupo considerado de riesgo en la salud pública.

Paralelamente a esta propuesta, Izquierda Unida reconoce el derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario y por ello pide la creación de un registró de quienes se acogen a esta reserva de coinciencia para que no haya personas que sean objetores en la sanidad pública y no en la privada. Al mismo tiempo exige a la Administración que cree en los centros sanitarios dotaciones de personal no objetor que permitan a los ciudadanos ejercer este derecho.

En el texto de la proposición se incluye la modificación' del Código Pena¡ para dar cabida a la aplicación de penas a quienes causen un aborto sin consentimiento de la mujer, a quienes causen aborto tras la aplicación de violencia física a una mujer o a los causantes de lo que Cristina Almeida llama "aborto blanco" o aborto involuntario provocado por las malas condiciones de trabajo.

Búsqueda de apoyos

Sobre la posibilidad de que esta proposición de ley sea apoyada por el resto de los grupos parlamentarios, y en especial por el grupo mayoritario, Cristina Almeida dijo que enviará esta propuesta a los distintos grupos para buscar fórmulas de apoyo o probablemente una alternativa transaccional "cuando esté menos crispada la vida parlamentaria".Representantes de los grupos parlamentarios más significativos no estimaron oportuno pronunciarse todavía sobre la proposición de ley y su posible apoyo o propuesta de transformación "hasta que no hayan tenido conocimiento exacto del texto de la proposición de ley de Izquierda Unida".