Multar para sobrevivir

LOS CONDUCTORES que ayer, hoy y en los días que siguen se dispongan masivamente a transitar por las carreteras españolas pueden añadir un nuevo motivo de temor a sus viajes: desde el miércoles pasado se encuentra en vigor la nueva ley de seguridad vial, caracterizada por la tremenda talla de las sanciones. El conductor se enfrenta a multas de difícil clasificación, salvo la de supersanciones, que en algunos casos, como es el de conducir sin permiso, multiplican por 10 el castigo económico (hasta 250.000 pesetas), y en otros, como infringir los límites de velocidad, incrementan la penitencia desde el límite de las 8.000 hasta las 50.000 pesetas.La ley introduce, además del monto represor, novedades cualitativas. Obliga a someterse a los controles de alcoholemia y de cualquier otra droga bajo la amenaza de que la negativa se tipifica como desobediencia a la autoridad, contemplada en el Código Penal; prohíbe conducir con auriculares eonectados a radios o magnetófonos, y determina, entre otras normas, que el responsable de las infracciones es el conductor del vehículo, al que el propietario deberá ¡dent icar cuando se le solicite si desea evitar incurrir en una falta grave, penalizada con 100.000 pesetas.

Todo el articulado de la ley está guiado porun espíritu de rigor y ferocidad, al que no le falta, sin embargo, fundamento. España es prácticarnente el país de la Comunidad Europea con el índice más elevado en accidentes de tráfico, y la proporción de sus tragedias no ha cesado de crecer. A lo largo del año pasado, el número de víctimas mortales se elevó a cerca de 6.500, con un aumento espectacular sobre el año anterior. Ni las medidas, cada vez más prolijas y con mayor aparato cuantitativo de medios y agentes, en las operaciones de salida y retorno pudieron lograr con su relativa eficacia que el saldo total disminuyera.

Conviene señalar, no obstante, que la opción escogida por las autoridades -el amedrentamiento de los conductores- va a ponerse en práctica cuando las carreteras todavía se encuentran en condiciones discutibles, cuando los camiones siguen constituyendo un peligro evidente y cuando no se encuentra resuelto el transporte ferroviario de mercancías. Son datos objetivos a tener en cuenta, por más que, probablemente, no exista otra alternativa a corto plazo que la del endurecimiento del castigo. Se ha reaccionado muy tarde a la necesidad de comunicaciones que exige el desarrollo de un país, y parte de sus costes se viene cifrando en muertes y lesiones de sus ciudadanos. En Francia, del total de accidentes mortales de tráfico sólo el 30% ocurre en las carreteras. En España constituye el 70%. He aquí un reflejo elocuente de la responsabilidad que corresponde a la red.

¿Qué decir en este panorama de la imprudencia de los conductores? Pues que, efectivamente, la imprudencia también existe. En 1988, la Guardia Civil de Tráfico controló por radar la velocidad de 25 millones de vehículos, y un 5% de ellos, más de un millón, resultaron infractores. Exactamente una cuarta parte de los accidentes mortales se imputa al exceso de velocídad. Atendiendo a esta correlación, la nueva ley fija límites de 130, 120 y 90 kilómetros para las autopistas, las autovías y demás carreteras, respectivamente, y prohíbe la publicidad que utilice como atractivo para la compra de un vehículo la incitación a la velocidad, causa indirecta de no pocos comportamientos temerarios.

Con toda probabilidad, las nuevas sanciones que acaban de entrar en vigor no gustan a nadie, pero no es imprevisible que se acepten con la lógica del sentido común y el reconocimiento del mal menor. Lo que interesa ahora comprobar es su eficacia. La fecha en que ha entrado en vigencia la ley se relaciona con el riesgo más grave que constituyen año tras año las grandes peregrinaciones automovilísticas de la Semana Santa. Estos días se convertirán, por tanto, en su primera prueba. En la Semana Santa de 1988 fallecieron en total 196 personas en 160 accidentes. En la misma ocasión de 1989 fueron 176 los muertos en 150 siniestros. Sí el precio que pueden pagar algunos por sus infracciones evita el precio que habrían pagado otros con su vida, la bondad del furor sancionador quedará suficientemente justificada.