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El Parlamento belga restituye al rey Balduino los poderes constitucionales

El Senado y la Cámara de Diputados belgas, reunidos en sesión extraordinaria, acordaron ayer, por 245 votos a favor, 93 abstenciones y con la ausencia de 57 legisladores, devolver al rey Balduino sus poderes constitucionales y revocar la incapacitación temporal dictada por el Gobierno de Wilfred Martens durante 48 horas, después de que el monarca alegara una objeción de conciencia para no firmar la nueva ley de interrupción del embarazo, recién aprobada.

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A pesar del resultado, la mayoría de los partidos políticos belgas afirmaron que será necesario revisar o incluso modificar la Constitución, evitando así que la firma del rey siga siendo condición indispensable para promulgar las leyes nacionales.Durante la votación final, diputados y senadores tuvieron que pronunciar su voto de pie y en voz alta, dada la imposibilidad de emplear el sistema electrónico. El Parlamento belga había sido literalmente tomado por los representantes de ambas Cámaras, que regresaron de sus vacaciones de Semana Santa para asistir a la sesión.

El bullicio y las risas de ese momento contrastaron con la dureza y acidez con que los mismos políticos habían criticado minutos antes la decisión adoptada por el Gobierno de Martens. Y ello porque la incapacitación temporal del monarca se produjo con su consentimiento, pero sin que el Gabinete informara al Parlamento. El Gobierno, entre tanto, firmó y publicó la ley del aborto.

Las críticas más contundentes salieron de las filas liberales del PVV, cuyos diputados acusaron al Gobierno de haber vulnerado la Constitución al tomar una decisión tan importante a puerta cerrada y anunciaron que presentarán una moción de censura. Las expresiones "caricatura de la democracia" y "vergüenza pública" a la que el Gobierno había expuesto al país fueron empleadas por los diputados verdes de Agalev. Los liberales francófonos (PRL) aseguraron que nadie menospreciaba las íntimas dudas del rey ante un tema tan delicado como el aborto, pero aseguraron que: el deber del Gobierno es mantener la estabilidad de la democracia, y ésta debía situarse por encima de cualquier duda del monarca. Los cristianodemócratas del CVP alabaron la actitud gubernamental porque, dijeron, el Gabinete había conseguido salvar la situación haciendo uso de una ley incluida en la Carta Magna.

En realidad, la reunión extraordinaria se convirtió en un foro de discusión sobre el futuro de la democracia en el país y la pérdida de credibilidad del Parlamento como órgano representativo.

El propio primer ministro había abierto la sesión con el resumen detallado de su relación epistolar mantenida con el rey Balduino durante los últimos días. La misma comenzó el pasado 30 de marzo, cuando el monarca remitió a Martens una primera misiva en la que pedía la búsqueda de una solución constitucional al problema moral que le ocasionaba tener que ratificar una ley en la que no creía.

Martens aseguró ante la Cámara que tanto él como sus ministros comprendían la magnitud del conflicto de conciencia manifestado por el rey Balduino. Una vez disipado éste, Martens consideró que ambas Cámaras debían revocar la imposibilidad para reinar, pues la ley se encontraba ya en curso. A pesar de la firmeza mostrada por el primer ministro, sus detractores le espetaron que no depende del Gobierno que el rey contradiga con su actitud su propio deber de acatar la Constitución. "Así no se ha protegido ni la propia función del rey ni a su persona. Sus problemas tienen que ser íntimos; su actuación, la de quien representa una institución legal", aseguraron los liberales del PVV.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 6 de abril de 1990

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