Los Gobiernos vasco y catalán estiman insuficiente el fallo del Constitucional

Los gobiernos vasco y catalán criticaron ayer la sentencia del Tribunal Constitucional por entender que, al margen de dar mayores facilidades para asignar a la justicia medios materiales de origen autonómico, resulta insuficiente. Fuentes del Ministerio de Justicia y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), relativizaron el alcance de la anulación de un artículo de la ley orgánica del Poder Judicial (veáse EL PAÍS de ayer).El consejero de Presidencia, Justicia y Desarrollo Autonómico del Gobierno vasco, Juan Ramón Guevara, lanzó ayer duras críticas a la sentencia del Tribunal Constitucional, de la que dijo que va más allá de la propia ley al considerar a todo el personal de justicia como articulado en cuerpos nacionales, y por lo tanto imposibilita la transferencia de personal a la comunidad autónoma vasca, según informa desde Vitoria Pedro Gorospe.

Este hecho, unido a que la sentencia establece límites al estatuto al consagrar que las leyes orgánicas prevalecen sobre los propios estatutos en aquellos aspectos en los que entren en conflicto, llevan a Guevara a "estudiar seriamente", dijo, la devolución al Estado de la transferencia de medios materiales y económicos de la Administración de Justica", por entender que sin competencias sobre personal no hay eficacia de la justicia.

Por su parte, según informa desde Barcelona Enric Company, el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, expresó ayer su satisfacción por las sentencias del Tribunal Constitucional, que calificó de positivas. Sin embargo, el presidente catalán reprochó que no recogen las aspiraciones de la Generalitat para que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sea la última instancia judicial en la gran mayoría de casos iniciados en esta comunidad.

Al señalar también su satisfacción por las sentencias, el conseller de Justicia de la Generalitat, Agustí Bassols, manifestó que la ampliación de la capacidad de gestión de la Generalitat en la administración judicial obligará a una revisión de los acuerdos con la Administración central, especialmente en lo relativo a la financiación.

El Poder Judicial, de acuerdo

En relación con la anulación del precepto que exigía un previo informe favorable del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que las comunidades autónomas pudieran destinar recursos propios a órganos judiciales, José Luis Calvo, portavoz del CGPJ, señaló que "el Consejo, además de acatar y respetar la sentencia, participa del criterio del Tribunal Constitucional". "Prueba de ello es", dijo, "que en ningún momento utilizó tal informe para condicionar el destino por las comunidades autónomias de recursos para la justicia".Juan Antonio Xiol, director general para las Relaciones con la Administración de Justicia, recordó que el artículo 37.4 de la LOPJ "venía interpretándose muy flexiblemente" y que, más, los medios materiales son siempre bienvenidos".