Los populares acusan a los socialistas de utílizar el poder como si fuera un botín

JUAN G. IBÁÑEZ / ANABEL DIEZ El Partido Popular (PP) acusa a los socialistas, en la ponencia política aprobada ayer por el congreso del partido, de haber provocado bajo su mandato una "carencia de referencias éticas, el afán desenfrenado de lucro y corrupción como método de enriquecerse, protagonizado muchas veces por personas del PSOE o próximas a él, y la conversión de la especulación en un deporte nacional". El PSOE, a juicio de los populares, ya no tiene nada que ofrecer a los españoles, y tan sólo le queda "la voluntad de perpetuarse en el poder, el poder como botín".

[Durante su intervención ante el pleno del congreso del PP el hasta ahora presidente, Manuel Fraga se dirigió, a José María Aznar y utilizó un plural con clara intención de aparecer como el máximo intérprete del sentir del partido: "Ponernos en vosotros la plena confianza, podéis contar con todo nuestro apoyo, respeto y disciplina incondicional".Las palabras de Fraga eran escuchadas con gesto sereno por el ex presidente de AP Antonio Hernández Mancha, confundido entre los compromisarios andaluces y con la satisfacción de recibir el abrazo de unas docenas de personas].

El Partido Popular quiere que a partir de ahora su oposición al Gobierno se caracterice por la presentación de alternativas constructivas a la política gubernamental socialista. En la ponencia política aprobada ayer por el congreso nacional del PP se resalta el propósito de "transmitir a la sociedad española un mensaje político positivo y optimista ante los retos del futuro".

Este documento, que resume la estrategia propuesta por José María Aznar, incluye un expreso "llamamiento al conjunto de la sociedad española para que apoye el proyecto de libertad y modernidad que encarna el Partido Popular frente al proyecto dirigista, burocrático y limitador de las libertades que ejercita y propugna el PSOE".

El responsable de la redacción de este documento, Francisco Alvarez Cascos, advirtió ayer a los militantes la necesidad de superar la barrera del 30% de los votos en las próximas elecciones legislativas para poder aspirar a sustituir a los socialistas en el Gobierno de la nación. El secretario general del PP, que será reelegido en el cargo, reconoció que para conseguir este objetivo el partido tiene que convertirse en la fuerza política más votada en la mitad de las provincias españolas y ser la segunda en apoyos en todas las demás circunscripciones.

El dirigente popular asumió de antemano la derrota en las elecciones autonómicas andaluzas, previstas para el próximo mes de junio, y situó como meta para esos comicios el acercamiento al porcentaje medio de votos obtenidos por el PP en toda España el pasado 29 de octubre.

Implantación regional

Para facilitar el crecimiento de la implantación regional del Partido Popular, una de las preocupaciones principales de los nuevos dirigentes, el congreso aprobó ayer el que forme parte de la denominación del partido el nombre de la comunidad autónoma respectiva así como una descentralización en la adopción de algunas decisiones de ámbito regional o provincial.

La filosofía adoptada a este respecto por los populares que da reflejada en los nuevos estatutos, en los que se proclama que el PP "ha de avanzar en la regionalización hasta donde fuera menester; equidistante tanto de las utopías federalistas, que luego se contradicen en la realidad de un nuevo e inconfesado centralismo, como de los predicados meramente ornamentales de la descentralización". Un comentario que incluye de soslayo duras críticas al PSOE, al igual que sucede a lo largo de la ponencia política que recoge la nueva estrategia popular.

Por otra parte, José María Aznar dispondrá de una gran autonomía para tomar algunas decisiones urgentes tras la reforma de los estatutos del partido aprobada ayer. La modificación, realizada bajo la dirección de Federico Trillo, vicepresidente segundo del Congreso de los Diputados, introduce una cláusula de "habilitación de facultades excepcionales para casos de extrema urgencia política en la que no sea posible la consulta a los órganos colegiados" para tomar decisiones perentorias".