Igualdad

La derogación parcial del artículo 8 de la polémica ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (LOFCS) por el Tribunal Constitucional supone el fin de un privilegio que enturbiaba las relaciones entre policías y jueces, y por ende con el resto de los ciudadanos. En abril de 1986 entraba en vigor la LOFCS, obra del equipo de José Barrionuevo, y en ella se consagraba el viejo fuero policial.Durante la tramitación de la ley, colectivos de jueces y sindicatos policiales desarrollaron una batalla contra determinados aspectos de la norma: resonancias militaristas, dependencia excesiva de la policía judicial del Ejecutivo y el fuero policial, entre otros. En palabras de Jaime Curbet, ex alto cargo de la Generalitat y especialista en temas de seguridad, el Gobierno optó entonces por "la lectura más conservadora de la Constitución". Tales aspectos han seguido distorsionando la actuación policial.En aquella campaña contra la LOFCS los sindicatos policiales hicieron mayor hincapié. por ejemplo, en convertirse en un colectivo civil que en abandonar una vieja prerrogativa y privilegio: ser juzgados por las audiencias y no por los jueces de instrucción. Esa ceguera de iniras no fue extensible a todo el colectivo policial y hubo quienes hasta daban razones de orden práctico: al impedir al juez natural dictar sentencia se menoscababa al agente de una posibilidad de recurrir la decisión judicial. Si para recurrir una sentencia, un ciudadano normal dispone de varios órganos de Justicia, como pueden ser la Audiencia provincial y el Tribunal Supremo, el fuero obligaba al policía a limitarse a este último. Con la decisión del Constitucional, que refuerza la igualdad de todos ante la ley, los policías son más ciudadanos.

[El Ministerio del Interior acata y respeta la sentencia, según dijo un portavoz. Sin embargo, la sentencia del Constitucional no sintoniza con los proyectos de ese ministerio, en la medida en que José Luis Corcuera reveló en el Parlamento el objetivo de extender el fuero del que gozan los miembros del Gobierno a altos cargos de la Seguridad del Estado. Miguel Martín Pedraz, presidente del SPP, dijo que le "parece tan acatable la situación anterior como la actual". Juan García Gámez, secretario general del SUP dijo: "Nunca hemos pedido el fuero".]