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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Púlpitos contra la LOSE

LOS PÚLPITOS de las iglesias madrileñas retomaron ayer una función que, si en otras circunstancias históricas pudo estar motivada por la intolerancia reinante en todos los órdenes de la vida española, carece de la más mínima justificación en la actual, en que política y religión tienen campos de actuación perfectamente definidos y ambas disponen de cauces institucionales para defender sin mezclas y manejos intencionados sus respectivos intereses y puntos de vista.La homilía leída el pasado fin de semana, durante las misas dominicales, en los centros de culto católicos de la diócesis de Madrid ha vuelto a propiciar esta grave y peligrosa confusión, sustituyendo el comentario del evangelio por un duro manifiesto contra el proyecto del Gobierno sobre la ley de Ordenación del Sistema Educativo (LOSE). Ello constituye un preocupante indicio de que el camino recorrido estos años en pos de la clarificación de conceptos y actitudes en un terreno tan dado históricamente a la mezcolanza como el de la religión y la política no puede, desgraciadamente todavía, ser considerado sin retorno. Y lo es tanto más cuanto que esta iniciativa se ha llevado a cabo en la diócesis cuyo obispo titular es quien en estos momentos tiene la responsabilidad de regir los destinos de la Conferencia Episcopal Española.

Nadie puede pretender que la Iglesia católica se quede muda ante un proyecto tan trascendental para el futuro de los españoles como el de la LOSE. En el necesario debate de toda la sociedad sobre este diseño que configura el sistema educativo de los ciudadanos del siglo XXI, la Iglesia católica tiene un lugar propio, pero ése no es el púlpito. Tanto la Iglesia, en cuanto institución, como aquellas organizaciones sociales que se mueven bajo su amparo ideológico disponen de sendas acordes con la naturaleza no confesional del Estado para expresar su desacuerdo y negociar, llegado el caso, con el Gobierno.

En cuanto institución, la Iglesia católica está legitimada, desde luego, para vigilar la adaptación de las leyes estatales sobre enseñanza a los acuerdos vigentes sobre esta materia desde 1979 entre el Estado y la Santa Sede. El estamento establecido para dirimir los posibles conflictos en este terreno es la Comisión Mixta Iglesia-Estado, que sigue de cerca el desarrollo de estos acuerdos. Es desde aquí donde la Iglesia debe decir al Ejecutivo en qué puntos concretos su proyecto viola los compromisos adquiridos con la Santa Sede en materia de enseñanza. Y no desde la homilía de una misa dominical, desnaturalizando con ello el acto de culto eucarístico e instrumentalizando la sagrada cátedra para fines ajenos a la prédica exclusivamente religiosa.

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También la Iglesia católica, en cuanto confesión religiosa con mayoritaria implantación social y en torno a la cual se mueve la existencia de numerosas organizaciones defensoras de su concepto de enseñanza, tiene a su alcance las mismas vías que el resto de los ciudadanos para defender sus derechos constitucionales en caso de ser conculcados. Entre ellas, el ejercicio de los derechos de libertad de expresión y de manifestación, a los que este tipo de entidades recurrió sin complejos cuando se trató de presionar al Gobierno en la elaboración de la LODE (la primera norma educativa de iniciativa socialista), y la posibilidad de influir en el debate parlamentario mediante la lógica exposición de sus inquietudes a los partidos políticos.

Cuando la Iglesia echa mano del púlpito y de la misa dominical para defender sus posiciones, no sólo reedita escenas de un pasado que se creía superado. Hace algo peor: dar la impresión de que sus relaciones con el Estado y con la sociedad democráticos no logran cuajar en criterios de civilidad y de diálogo, y que necesita todavía definirse en términos de cruzada y de enfrentamiento global. Es decir, hace ideología. El alegato de fin de semana contra la LOSE en los templos de Madrid es una muestra lamentable de cómo los actuales rectores de la Iglesia española no renuncian a jugar con ventaja convirtiendo, llegado el caso, su derecho a predicar libremente el evangelio en privilegiado instrumento en defensa de sus intereses.

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