Ya está bien

La distribución territorial del poder, el hecho de que existan comunidades autónomas con Parlamento y Gobierno propio, no puede conducir a que a los ciudadanos se les mida por distinto rasero según la comunidad autónoma a la que pertenezcan. Independientemente de cuál sea la estructura del Estado, los ciudadanos tienen que ser iguales en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. Cualquier quiebra de este principio sería un atentado no ya a las normas constitucionales, sino a principios tan arraigados en la conciencia colectiva que no precisarían siquiera su formalización jurídica.No cabe duda de que así es para todos los ciudadanos de a pie de este país. No creo que nadie pueda documentar una diferencia de trato para los ciudadanos de las diferentes comunidades autónomas ni en las relaciones entre privados ni en sus contactos con las diferentes administraciones públicas o en sus recursos ante los tribunales de justicia.

Y sin embargo no es así cuando se trata de los poderes públicos, habiéndose generado una situación de facto, no de lucro, en la cual parece que aquellos ciudadanos que ocupan cargos públicos en Cataluña no pueden ser investigados cuando existen indicios racionales de que su comportamiento encaja en alguna de las conductas tipificadas como delito en el Código Penal, mientras que no ocurre así en el resto del Estado.

Hace unos meses se conoció la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León por la que se exoneraba de toda responsabilidad penal al antiguo presidente de la comunidad autónoma, Demetrio Madrid. La sentencia incluía incluso en sus considerandos una serie de pronunciamientos extraordinariamente elogiosos hacia la conducta de Demetrio Madrid, que, en opinión del Tribunal, había estado muy por encima de lo exigible en una economía de mercado o sociedad capitalista como la que vivimos.

A la vista de los fundamentos jurídicos de la sentencia, uno se sorprende de cómo se llegó a dictar un auto de procesamiento contra el entonces presidente de la comunidad autónoma, con las consecuencias que de ello se derivaron. Pero no es a esto a lo que quiero referirme, sino al hecho de que, una vez que fue dictado dicho auto de procesamiento, Demetrio Madrid dimitió de su cargo y se enfrentó al procesamiento como un ciudadano más. Y era, de acuerdo con la Constitución y el estatuto de autonomía, el máximo representante del Estado de la comunidad autónoma.

En estos días estamos asistiendo a un espectáculo insólito, que es el reverso del que se vivió en Castilla y León hace unos años.

Simplemente porque el ministerio fiscal, cumpliendo con su obligación, investiga la conducta de un cargo público de la Generalitat se ha montado una campana en la que se están invirtiendo todos los hombres fuertes del partido gobernante en Cataluña (Pujol, Roca, etcétera), solicitando las sustitución del fiscal jefe de Barcelona.

Si, como están afirmando tanto el señor Prenafeta como los dirigentes de Convergència i Unió, no existe la más mínima duda sobre el comportamiento jurídico correcto del secretario general de la Presidencia de la Generalitat, ¿por qué inquietarse ante una investigación del ministerio fiscal? Si la actuación del fiscal jefe del Tribunal Superior de Cataluña no tiene ninguna base jurídica, ¿es que tiene la más mínima duda el Gobierno catalán o los dirigentes de Convergència de que los jueces actuarán en consecuencia?

La verdad es que para cualquier ciudadano no puede dejar de resultar chocante que se responda con amenazas de tipo político ante una actuación estrictamente jurídica del ministerio fiscal. ¿Es que una conducta que en opinión del fiscal está tipificada como delito debe dejar de perseguirse porque el ciudadano afectado sea un cargo público en Cataluña, a diferencia de lo que ocurre en el resto del Estado? ¿Es que no se debe dejar que el ministerio fiscal cumpla con su obligación y los jueces con la suya sin verse sometidos a presiones políticas externas? ¿Es que no se puede hacer depender las relaciones entre el Estado y la comunidad autónoma de Cataluña de que el fiscal considere que debe actuar en relación con la conducta de un miembro del Gobierno lato sensu de la Generalitat? ¿Quiere decirse que para que existan buenas relaciones entre el Estado y la comunidad autónoma el fiscal debe dejar de cumplir con su obligación de denunciar las conductas que considere jurídicamente incorrectas?

Creo que fue F. Dürrenmatt quien acuñó la expresión "tiempos difíciles aquellos en los que hay que estar reivindicando lo evidente". Parece que los dirigentes de Convergència i Unió se están empeñando en que todos tengamos que reivindicar algo tan obvio como el principio de igualdad ante la ley.

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