¿Quién le pone el cascabel al gasto?

En el Ministerio de Hacienda, las aguas están revueltas. En estos momentos, tanto los interventores como los inspectores de Hacienda coinciden en una huelga de celo indefinida. No existen cauces abiertos de diálogo por ahora, y la situación amenaza con enquistarse. Mientras los interventores reclaman un mejor control del gasto público, los inspectores no quieren que se les arrebaten sus actuales competencias y exigen además una nueva organización del trabajo junto a mayores retribuciones.

La administración de Hacienda funciona en estos momentos a bajo rendimiento. La huelga de celo iniciada a principios de año por los inspectores fiscales, a la que se añade la de los subinspectores, ha coincido con la que llevan a cabo los interventores. Dos de las funciones básicas de este departamento, el control del gasto público y el del cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los ciudadanos, se encuentran, pues, bajo mínimos.La situación amenaza con enquistarse en un conflicto cuyas consecuencias han empezado a notarse. Los expedientes de autorización del gasto público tardan más de lo normal y la lucha contra el fraude fiscal no avanza todo lo que sería necesario. Sin embargo, no se observan por parte de las autoridades del ministerio, ninguna prisa en solucionar los problemas.

Desde que, a finales de enero, el ministro de Economía, Carlos Solchaga, anunciara en el Congreso que se propone aumentar las competencias de los subinspectores y sectoralizar y especializar las funciones de los inspectores, no se ha dado ningún paso concreto. Así lo asegura Pilar Valiente, presidenta de la asociación de inspectores, para quien estas, dos propuestas cubren sólo parte de sus actuales reivindicaciones. En cuanto a aumentar sus retribuciones para evitar fugas al sector privado, ninguna esperanza, por el momento.

Los interventores del Estado se han declarado también en huelga de celo. El motivo es la retirada en la ley de Presupuestos de un capítulo que regulaba la concesión y disfrute de subvenciones públicas. La aparición de un tercero en discordia, el Ministerio de Administraciones Públicas, al que han secundado otros departamentos, ha dado al traste con este proyecto.

Control de eficacia

"La única diferencia con el ministerio de Economía es que ellos pretendían introducir un control de eficacia sobre la gestión del gasto público", explica Teófilo Serrano, secretario de Estado de Administraciones Públicas. "Nosotros pensamos que a la Intervención del Estado le corresponde supervisar que las subvenciones se dan de acuerdo con la legalidad vigente y realizar un control financiero, pero sobre la eficacia, el responsable es el gestor porque para eso está".

En el fondo, lo que puede subyacer es un temor a que el Ministerio de Hacienda aspire a tener más poder. Según esta escuela de pensamiento, Hacienda hace los presupuestos, autoriza el gasto pero parece excesivo que, además, aspire a juzgar la buena o mala gestión del resto de los ministerios. "Esta es una responsabilidad política que corresponde a cada ministro y, en última instancia, al Gobierno, que es quien debe juzgar y tomar medidas en caso de una mala gestión".

El interventor general del Estado, Juan Aracil, afirma que las circunstancias han cambiado y que el volumen del gasto público ha aumentado tanto que es necesario potenciar el control interno. No está de acuerdo con la crítica de que ello supondría mayor poder para el ministro de Hacienda de turno. "Nosotros no dependemos de este departamento, a quien tenemos que dar cuenta es al Consejo de Ministros, aunque estemos localizados en Hacienda".

En su opinión, el reforzamiento del control interno "no es exclusivo ni excluyente". Se trata, a juicio de Aracil, de "realizar un control previo, para comprobar que se cumple la legalidad, reforzado con un control posterior sobre la utilidad económica del gasto". Aracil entona el mea culpa ante el conflicto generado con este motivo por los interventores. "Quizá el primer acusado sea yo, porque no he sabido transmitir hacia arriba y hacia abajo las inquietudes que han provocado la huelga".

Incluso llega a decir más: "Estoy dispuesto a marcharme, pero si ello sirve para arreglar el problerna". La solución, sin embargo, no parece cuestión de personas. El secretario de Estado de Hacienda, José Borrell, afirmó que "el Gobierno dirige a la Administración y no al revés, y los funcionarios, por muy de élite que sean, no pueden decirle al Ejecutivo cómo debe legislar".

Aracil, sin ánimo de polemizar, coincide en que "efectivamente, contra una decisión del Consejo de Ministros no se puede hacer una huelga", pero ésta "no es la actitud de los interventores; lo que pretenden es hacer llegar al Consejo de Ministros una opinión que quizá no ha sido adecuadamente transmitida".

Competencias

Además del transfondo político, se ha producido una guerra soterrada entre los dos colectivos en huelga, los interventores y los inspectores. Ambos consideran que les corresponde el control de las subvenciones públicas. Los interventores, según explica el presidente de la asociación que ha convocado la huelga, Luis Romasanta, "no queremos quitarle sus competencias a nadie, sólo pretendemos dar garantías de que las subvenciones y el gasto público en general se utilizan para los Fines previstos".

Los inspectores, por el contrario, señalan que esta competencia es de ellos y que difícilmente los cerca de 200 interventores pueden aspirar a abarcar una nueva tarea. Les acusan, además, de no facilitarles la labor. Según explica Pilar Valiente, "los interventores se guardan la información para ellos y ello dificulta que podamos diseñar un buen plan de inspección para perseguir el fraude en las subvenciones públicas".