14 diputados han abandonado sus actividades privadas por requerimiento del Congreso

ANABEL DÍEZ La Comisión del Estatuto del Diputado jamás ha declarado incompatible a ningún parlamentario, al partir del principio de "veracidad de las declaraciones de los interesados, limitándose a cumplir labores "aclaratorias" y de requerimiento a los diputados para que abandonen las actividades incursas en incompatibilidad, lo que siempre ha ocurrido, al menos según el propio testimonio de los afectados. Entre los diputados de la actual legislatura, 14 fueron considerados "dudosos", pero finalmente pusieron en regla su situación al abandonar sus cargos en consejos de administración de bancos o entidades financieras.

La regulación de actividades se realizó también, en algunos casos mediante la renuncia de sus sueldos como concejales o como docentes.La Comisión del Estatuto es la primera en constituirse al comienzo de cada legislatura, al tener que estudiar la situación de los diputados y su ocupación laboral privada para comprobar si incurren en incompatibilidad. Jamás se ha puesto en funcionamiento el mecanismo reglamentario según el cual el diputado incompatible, si en el plazo de ocho días de ser requerido no opta entre lo público y lo privado, es inmediatamente dado de baja como parlamentario, ya que todos los que se han visto en esa tesitura siempre han preferido e acta parlamentaria.

El presidente de la Comisión del Estatuto, Álvaro Cuesta, del PSOE -desde 1982 han pasado por ese cargo José Bono, presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, y Antonio Sotillo-, hace la siguiente declaración de principios: "Defiendo ardorosamente la legalidad en la que se encuentran todos los miembros de la Cámara, y quiero defender su honorabilidad. Todas las actividades privadas que desarrollan se inscriben en el mas escrupuloso ejercicio de sus derechos, y no hay merma ética alguna en sus comportamientos".

Esta proclama del presidente de la comisión tiene su razón de ser en la "preocupación" que muchos diputados le han transmitido al aparecer en los medios de comunicación las otras formas de remuneración que tienen al margen del sueldo parlamentario.

La Comisión del Estatuto dejó aparcados al comienzo de esta legislatura 39 asuntos que tras sucesivas aclaraciones quedaron en 14 (13 del Partido Popular y uno del PSOE). Sobre estos casos existían di-idas en relación con la compatibilidad de su puesto parlamentario con sus actividades privadas, que finalmente se han solucionado por la vía de abandonar parte de sus labores privadas.

Objetivo social

Fundamentalmente se daban casos de consejeros de administración de bancos, cajas de ahorro, entidades financieras y compañías de seguros, ya que entraban en el apartado de empresas "que hacen apelación pública al ahorro y al crédito". Este tipo de activiclad está prohibida para los parlamentarios, y la Comisión del Estatuto tuvo que pedir sucesivas aclaraciones sobre "el objeto social de las empresas", lo que fínalmente vino a dar una clara incompatibilidad en algunos parlamentarlos.

En el Grupo Popular es todavía comentada "la merma económica" sufrida por algunos de sus diputados al tener que abandonar algunas actividades lucrativas y optar por quedarse en el Congreso. Al final, el dictamen de la Comisión del Estatuto del Diputado ha sido aprobado por unanimidad, y esto desde el principio de las Cortes de los últimos 13 años. Nunca ha existido una denuncia sobre un miembro de la Cámara que supuestamente hubiera falseado datos, ni tampoco la Mesa del Congreso ha encargado una investigación de alguno de sus miembros, y ello porque se parte "del principio de la veracidad" de las declaraciones de sus miembros.

Esta situación, según la cual parece que los diputados que falseen datos sólo tienen responsabilidad ante Dios y ante la historia, cambiará cuando se modifique la actual legl slaclón sobre incompatibilidades, de manera que la Comisión del Estatuto tendrá más atribuciones y las incompatibilidades del sector privado estarán mucho más precisadas. Así, ya no será posible englobar todo un cúmulo de actividades bajo el epígrafe de "ejercicio libre de la profesión", ya sea de la abogacía, de la medicina o de la ingeniería.

La Comisión del Estatuto se reunió ayer para dictaminar las últimas declaraciones de los diputados de Murcia y Pontevedra recién incorporados sin que se encontrara nada anómalo en su documentación. Esta comísión, representada por un diputado de cada grupo, se mueve, según amparo del reglamento, en el terreno del secreto, tanto en sus deliberaciones como en el contenido de sus acuerdos. Su presidente, Alvaro Cuesta, informó dijo ayer a este periódico que "esta semana" se dará de baja en el ejercicio privado de la abogacía y cerrará su despacho.