El gerente de la cooperativa de viviendas de UGT recusa a un diputado popular en la comision investigadora sobre Tres Cantos

Con luz, pero sin taquígrafos, se celebró ayer parte de la sesión de la comisión de la Asamblea de Madrid que investiga presuntas irregularidades urbanísticas en el polígono Tres Cantos, en Colmenar Viejo. Tras ordenar la salida de las taquígrafas, la presidenta de la comisión, la diputada de IU Isabel Vilallonga, pidió a la Mesa de la Asamblea que resuelva la recusación planteada contra un diputado del PP por Promoción Social de la Vivienda (PSV), según confirmaron fuentes parlamentarias. El gerente de esta cooperativa controlada por UGT, Carlos Sotos, afirmó que recusaba al parlamentario José María Federico Corral por carecer de "neutralidad e imparcialidad" en la investigación.El diputado del PP, que reside en Colmenar Viejo, se negó ayer a hacer declaraciones sobre los debates de la comisión "mientras sean secretos". Federico advirtió que no se dejaría "coartar" en su actuación parlamentaria y calificó de "documento público" el expediente de la licencia de construcción dada a PSV en Tres Cantos.

Federico sacó a la luz pública el expediente de licencia para construir 570 chalés unifamiliares y 130 pisos de protección oficial, presentado por PSV en el Ayuntamiento de Colmenar. Un técnico municipal aseguró que el proyecto de la cooperativa incluía unos 30 chalés más de los previstos. La licencia definitiva de obras fue concedida por la Comunidad, precisó una fuente del Ejecutivo regional, ante el silencio administrativo del Ayuntamiento.

Carlos Sotos, al conocer que las comparecencias eran secretas, presentó un escrito ante la comisión en el que pedía la recusación de José María Federico. "No voy a declarar ante quien no ofrece a PSV garantías de imparcialidad y neutralidad y que ha revelado el contenido de los debates", dijo.

Varias fuentes parlamentarias confirmaron que la mesa de presidencia de la comisión investigadora decidió remitir a los órganos rectores de la Asamblea de Madrid el escrito presentado por PSV para que resuelva sobre la petición de recusación.

[Mientras, la Federación de Cooperativas de Viviendas (FCV) de Madrid hizo ayer pública una nota en la que desmiente las acusaciones vertidas por PSV (ver EL PAÍS del 3 de marzo), que anunció que iba a denunciar a la FCV por canalizar las peticiones del Plan 18.000 a sólo siete empresas de gestión. La Federación afirma que son 25 y no siete las gestoras de cooperativas].