El Gobierno exige a la CE que rectifique sus críticas sobre la degradación ambiental española
El ministro español de Obras Públicas, Javier Sáenz Cosculluela, envió el pasado viernes una dura carta al comisario responsable de la política de Medio Ambiente, Carlo Ripa di Meana. En ella se exige a la Comisión Europea que rectifique, por inexacta, la acusación de que España es el país que más incumple las normas comunitarias en este área. Este derecho de réplica ejercido contra la CE representa un precedente.La protesta española no es la única. El primer ministro belga, Wilfried Martens, se quejó ante el presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors, indignado por el mismo motivo. El desencadenante es el informe presentado hace días a la prensa por el comisario Ripa di Meana, que, según fuentes españolas, no existe como tal y no está asumido por la Comisión Europea.
Las acusaciones de Ripa, que afectan a todos los países, situaban a España en cabeza del ranking de incumplidores en cuanto a las normas de la CE para la protección medioambiental. El tema ha suscitado generales protestas y será objeto de un debate político de censura al comisario en el Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la CE (que se celebrará el próximo día 22). Según fuentes diplomáticas españolas, "los demás países piensan seguir nuestro ejemplo en la reunión del Comité de Representantes Permanentes de la próxima semana".
16 infracciones
La carta del Gobierno pide que la Comisión Europea "facilite a la Prensa una nota aclaratoria, con el correspondiente desmentido oficial, incorporando los datos, reales". Las cifras españolas disienten radicalmente de las ofrecidas por el comisario. Frente al total de 57 procedimientos de infracción atribuídos por la Comisión Europea a España, el Gobierno asegura que sólo son 16. Estos datos reflejan que España ha recibido 13 cartas de emplazamiento (primera fase del proceso), dos dictámenes motivados previos a la decisión de sanción o solución del caso y una demanda ante el Tribunal de Justicia de la CE por los vertidos tóxicos de la empresa Inquinosa que contaminaron las aguas del río Gállego.
En el informe comparativo que acompaña a la carta del ministro se expone que "de las 45 cartas de emplazamiento que se mencionan en el listado nueve no se han recibido y 33 son en realidad quejas" de particulares.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
