EE UU alquila Panamá, pero no paga

Dos meses después de la invasión de Panamá, EE UU mantiene un control casi absoluto sobre el país centroamericano. Sin embargo, no conforme con la atención que le están prestando sus aliados norteamericanos, el presidente Guillermo Endara entra hoy en su tercer día de huelga de hambre para protestar por la falta de ayudas económicas de Washington. No se han cumplido las previsiones que el entorno del actual jefe del Estado panameño había hecho sobre la eventual lluvia de dólares que se esperaba tras la intervención armada que le llevó al poder.

La decepción y el descontento aumentan en un país que tiene que hacer frente a la reconstrucción y ni siquiera puede contar para ello con los fondos que EE UU retuvo al Gobierno del defenestrado Manuel Antonio Noriega y que aún no han sido desbloqueados.Como respuesta a la huelga de Endara, el presidente George Bush acordó el jueves en Washington restablecer el trato preferencial para los productos de Panamá. Un mes después de la invasión norteamericana del 20 de diciembre, el presidente Bush prometió a Endara que otorgaría ayuda directa e indirecta a Panamá por valor de 1.000 millones de dólares para contribuir a la reconstrucción económica de Panamá. Sin embargo, el Congreso todavía no ha dado luz verde a esa propuesta. Endara, con un peso aproximado de 160 kilos, ya rebajó 20 en septiembre cuando. Protagonizó otra huelga de hambre, pero contra Noriega.

El general Marc Cisneros se reúne todos los sábados por la mañana con Ricardo Arias Calderón, ministro de Gobierno y Justicia. El general norteamericano de origen hispano y el dirigente democristiano estructuran la nueva fuerza pública que el Comando Sur del Ejército de EE UU está organizando a su imagen y semejanza con los restos de las Fuerzas de Defensa de Noriega.

Nacido en Tejas, Marc Cisneros tiene hoy día más trabajo que antes de la invasión norteamericana. Aparte de sus responsabilidades como jefe del Ejército Sur, unidad principal del Comando Sur, Cisneros recorre con frecuencia el país del Canal. Ha reemplazado a su ex amigo Noriega en las tareas de seguridad de Panamá.

Hace pocos días, en el aeropuerto de la ciudad de David, a 50 kilómetros de la frontera con Costa Rica, Cisneros hizo ver al jefe de la fuerza pública, coronel Eduardo Herrera, que algo estaba mal colocado. Al día siguiente, el busto del general Omar Torrijos había sido retirado del lugar. Herrera, que parece estar a gusto con sus jefes norteamericanos, cayó en desgracia cuando participó desde Israel (donde era embajador) en el fallido golpe contra Noriega del 16 de marzo de 1988.

Megrath y la liberación

La mayoría de los panameños aprueba esta nueva situación, y más de una muchacha ha ofrecido su cuerpo a los marines -30.000 aproximadamente- que protagonizaron la invasión. El propio arzobispo de Panamá, Marcos Gregorio Mcgrath, ha pedido a la población, católica en un 95%, que no hable de invasión, sino de "liberación".

"Ése es el precio que había que pagar" es una frase ya común entre los que justifican y califican de moral la acción decidida por el presidente George Bush, entre otras cosas para defenestrar a Noriega, destruir a las Fuerzas de Defensa y devolver la democracia. Por esa razón, poca gente presta importancia a Pedro (el mecánico de autobuses viejos), a Burt Lancaster, a Porky, a Platero, a la sorda o a la abuelita que vivía sola -todos residentes en el barrio de El Chorrillo-, o a los otros 2.000 muertos como consecuencia de la invasión. Más preocupados están en EE UU los editorialistas de The New York Times, molestos porque las tropas de ocupación allanaron las sedes y decomisaron los archivos de la mayoría de los partidos, entre ellos el Revolucionario Democrático (PRD).

Las tropas norteamericanas, por el contrario, son aclamadas en las calles, y grupos ultraderechistas muy próximos al Gobierno de Endara han escrito a Bush pidiéndole que no se lleve a los marines. "¿Quién nos va a proteger entonces?", se preguntaba un poderoso empresario. Oficiales del Comando Sur han expresado en forma privada su descontento porque los vecinos han resuelto líos personales llamando a los marines con la acusación de que en determinadas residencias había armamento. "No sabíamos que había tanto sapo (delator) en este país", dijo un coronel norteamericano.

A estas voces se unen otras que, con todo desparpajo, solicitan que siga la ocupación, y se molestan porque desde países latinoamericanos se pida el fin de la misma. No se fian para nada de la nueva fuerza pública, y temen que, una vez que las tropas de ocupación vuelvan a sus bases, concentradas en las riberas del Canal, entonces las calles sean escenario de atentados y de desorden social.

Aunque las tropas de refuerzo para la invasión han regresado en su mayoría a Estados Unidos, los aproximadamente 13.000 hombres que integran el Comando Sur se pasean por todo el país. Antes de la invasión, y según los tratados Torrijos-Carter, esas tropas tenían un área restringida.

Los líderes del nuevo Gobierno -que en la oposición triunfaron en forma abrumadora el 7 de mayo de 1989 frente a los candidatos de Noriega- han firmado con la Casa Blanca un siniestro trueque: se acaba la dictadura militar a cambio de un protectorado. Según los historiadores, el nuevo Gobierno se asemeja al que surgió en 1903, cuando EE UU independizó a Panamá de Colombia para terminar de construir el Canal, proyecto en el que habían fracasado los franceses. Quince días después de la independencia, las autoridades de entonces, a través del francés Phillipe Buneau Varilla, cedieron "a perpetuidad" 2.000 kilómetros cuadrados para que fuera construida la gran zanja interoceánica.

Los pelos de punta

A los líderes del nuevo Gobierno se les ponen los pelos de punta cuando escuchan la palabra ejército. Quieren más bien crear una policía sobre la que puedan tener control en todo momento. Sin embargo, en ningún momento se han planteado la retirada completa del Ejército de EE UU, cuyo Comando Sur permanece en Panamá desde 1917. Unos 200 consejeros norteamericanos, principalmente oficiales retirados, participan en todas las tareas de gobierno. Un coronel retirado expresó recientemente su malestar porque la influyente Cámara de Comercio de Panamá le propuso construir un gran centro comercial en El Chorrillo, barrio contiguo al cuartel general de Noriega que fue arrasado por la invasión. En El Chorrillo residían, entre la pobreza y la miseria, unas 25.000 personas.