Rumanía juzga a los represores de Timisoara
Veintiún miembros de la policía secreta rumana, Securitate, y del Ministerio del Interior, la mayoría dirigentes de mediana y alta graduación, responsables de las matanzas que se produjeron en la ciudad rumana de Timisoara entre el 17 y el 22 de diciembre, comparecieron ayer ante el tribunal en Timisoara en el tercer proceso que se celebra en este país por los crímenes cometidos durante el levantamiento popular contra el régimen de Nicolae Ceaucescu. Mientras, en Bucarest se suicidaba el general Georgica Popa, que presidió el tribunal que condenó a muerte al matrimonio Ceaucescu.
Un fuerte despliegue policial, en el que no faltaron los carros blindados, montó guardia ante el edificio de la Casa de la Juventud, convertido en improvisado tribunal militar, cuyo presidente, el coronel Badiou acusó a quienes se sentaban en banquillo de "favorecer el genocidio".Mientras, de Bucarest llegó la noticia de que el general Georgica Popa, presidente del tribunal militar que condenó a muerte a los Ceaucescu, se había suicidado ayer, "tras un periodo de grave depresión psíquica" según palabras del ministro de Justicia, Theofil Pop. El general se quitó la vida en la sede de la jefatura militar de la capital rumana. Hasta ahora, jamás había sido revelada la composición del tribunal que sentenció a muerte al conducator. El ministro de Justicia reveló también que el tribunal militar estuvo compuesto por dos jueces militares, tres asesores "populares militares de carrera", un fiscal y un forense. En ningún momento hizo mención a la presencia de abogados civiles.
En la sala de audiencias de Timisoara, con capacidad para unas 500 personas, muchos asientos quedaron vacíos, pero a pesar de ello, hombres vestidos de paisano -a quienes los jóvenes soldados que montaban guardia saludaron identificando sus grados militares (o de la Securitate)-, controlaron férreamente el acceso de los periodistas a la sala. Estuvieron ausentes los máximos responsables de coordinar la matanza de Timisoara, los generales Constantin Nuntia y Mihalea Valicu -que oficialmente sufrieron un accidente tras intentar escapar de Timisoara en helicóptero el 22 de diciembre-; tampoco estuvieron los soldados o milicianos que dispararon contra de las masas entre el 16 y el 18 de diciembre.
Sólo los cuadros intermedios de la Securitate y del Ministerio del Interior fueron acusados de favorecer el genocidio; de ser responsables de 98 asesinatos en Timisoara y de la desaparición de 23 personas. Fueron acusados también de cortar las líneas telefónicas con el exterior para ocultar lo ocurrido; facilitar el traslado de 40 cadáveres de Timisoara a Bucarest para ser incinerados y destruir así las huellas de la matanza y de ayudar a la huida de Nuntia y Valicu.
Cabeza alta
Los 21 acusados, cuya edad oscila entre los 35 y 60 años, con las cabezas afeitadas y vestidos con trajes de presos, admitieron, previamente, sus culpas, y escucharon los cargos con la cabeza alta, se diría casi con dignidad. Como si estos discípulos de las escuelas de policía y militares -coroneles, capitanes y generales- no creyeran que, tras haber controlado el espionaje y el contraespionaje, pudieran convertirse ellos mismos en las víctimas.
Sin embargo, siete de los 21 abogados defensores presentaron objeciones al juicio: pidieron que el número de los acusados se ampliara y que se reflejara el testimonio del pueblo de Timisoara, ya suficientemente manipulado, para saber quiénes habían disparado en esos días claves para Rumanía: si lo hizo la policía, la Securitate o el Ejército. Hasta el momento, el Ejército se ha lavado las manos con relación a su posible implicación en la represión sangrienta, pero se especula en Timisoara que justamente este proceso, cuya duración se estima en un mes, podría arrojar cierta luz acerca de su papel.
