El consejo de Corredores de Comercio, denunciado por encubrir presuntos fraudes fiscales
El presidente del Consejo General de los Colegios Oficiales de Corredores de Comercio, José Bernardo Villaverde, y los miembros de dicho consejo han sido denunciados como presuntos responsables de haber involucrado a las instituciones corporativas (consejo, colegios y mutualidad) en el encubrimiento de numerosos fraudes fiscales, cuyo importe se calcula en más de 7.000 millones de pesetas en los últimos cinco años. La denuncia, formulada por un corredor, fue presentada en enero de 1989 ante el fiscal general del Estado y el ministro de Economía, quienes dieron traslado al juez y ordenaron que el caso fuera investigado.
El caso ha sido acumulado a la querella por malversación de caudales públicos y apropiación indebida que el propio denunciante, Pablo Muñoz Cuéllar, presentó el año pasado contra los directivos de la Mutualidad del Cuerpo de Corredores de Comercio. Esta querella fue admitida a trámite por el titular del Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid, Jesús Gavilán, quien realiza las oportunas investigaciones.En las diligencias abiertas a raíz de la querella han declarado todos los miembros de la ejecutiva del Consejo de Corredores de Comercio, incluido José Bernardo.
En ella se aportaban diversos documentos, en los que se ponía de relieve la existencia de presuntos pagos irregulares a varios colegiados, entre ellos el diputado del PP Luis Ramallo, quien reconoció a este periódico haber cobrado desde 1985 a 1987 alrededor de ocho millones de pesetas por "dictámenes" y "asesoramiento", en ocasiones verbal, como abogado. Los supuestos fraudes denunciados ahora se derivan de la institucionalización de dobles declaraciones sobre los ingresos y gastos del más de medio millar de corredores existentes en España en la Mutualidad benéfica del organismo, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda.
La Mutualidad ha consentido durante los últimos años, según fuentes de los denunciantes, el manteníniíento de una doble contabilidad. Por una parte, admitía como válidas las declaraciones de ingresos de los corredores a Hacienda, pero, por otro lado, se aceptaban declaraciones, a efectos de cotización a la Mutualidad, muy superiores en cuantía.
Medidas cautelares
Esta doble declaración, según fuentes de los denunciantes, evita la investigación de los ingresos de los corredores a través de los datos que obran en poder de la Mutualidad benéfica. En la denuncia se solicita que se adopten medidas cautelares para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera dictarse, como, por ejemplo, se interese la intervención de las cuentas bancarias y de los depósitos de valores y los libros de contabilidad, libros de actas y archivos del Consejo, de la Mutualidad y de los Colegios de Jerez, Sevilla, San Sebastián y Toledo. También se insta la suspensión provisional en sus cargos de los miembros del Consejo General.
El retraso de la actuación de los inspectores de Hacienda ha hecho que prescriba ya un año fiscal de los denunciados, lo que podría suponer que quede oculto a la investigación un presunto fraude superior a más de 1.000 millones de pesetas.
El texto remitido al fiscal del Estado señala también que los directivos del Consejo General, que también lo son del Patronato de la Mutualidad, han utilizado fondos de ambos organismos para usos no previstos en los respectivos reglamentos, extremo que ya se recogía en la querella.
El texto de la denuncia enviado al ministro de Economía y Hacienda ha sido a su vez remitido al secretario de Estado de Economía, Pedro Pérez. No obstante, y debido a que ya existe un procedimiento penal abierto, las actuaciones administrativas están suspendidas por el momento.
Este periódico ha intentado en reiteradas ocasiones sin éxito ponerse en contacto con el presidente del Consejo General de Corredores de Comercio, José Bernardo Villaverde, para conocer su versión de los hechos.
